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El Jefe negociador de Colombia insiste en que FARC deben someterse a la justicia

"La posición del Gobierno es la paz sin impunidad. Tiene que haber, repito, un proceso de justicia transicional al cual se sometan los responsables"

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  • FARC -

El Gobierno colombiano insistió hoy en que es necesario que las FARC se sometan a la justicia como parte del proceso de paz que se celebra en Cuba para poner fin a medio siglo de conflicto armado interno.

Así lo expresó el jefe negociador del Gobierno en los diálogos de paz, Humberto de la Calle, en un foro organizado por el diario El Heraldo de la ciudad de Barranquilla (norte).

"La posición del Gobierno es la paz sin impunidad. Tiene que haber, repito, un proceso de justicia transicional al cual se sometan los responsables", subrayó De la Calle en declaraciones recogidas en un comunicado del Alto Comisionado para la Paz.


El funcionario agregó que "la única forma de impedir un manto de impunidad es seleccionando los casos más graves y los máximos responsables".

Los jefes de las FARC han manifestado en repetidas oportunidades en los diálogos de La Habana que no dejarán las armas para ir a la cárcel e incluso que no pagarán un solo día de prisión.

Pese a las dificultades por las que ha pasado el proceso de paz, De la Calle reiteró que el país está ante "una real oportunidad de terminar el conflicto" y que está convencido de eso.

Igualmente dijo que el Gobierno cree que "seriamente las FARC están examinando el fin del conflicto y que se orientan hacia allá pese a su absurdo comportamiento" en referencia a la oleada de ataques de esa guerrilla contra la Policía, el Ejército y las infraestructuras eléctrica y petrolera.

Esa escalada terrorista ha causado enormes daños ecológicos y dejado sin energía eléctrica a poblaciones enteras que también sufrieron cortes de agua porque los ríos de los que se surten sus acueductos fueron contaminados con petróleo vertido en los ataques guerrilleros.

Según De la Calle, "esas atrocidades no caben dentro de la idea de la rebelión, ni del delito político".

"El imperativo ético es precisamente evitar que se perpetúen esos acontecimientos de la manera más rápida posible", apostilló el jefe negociador del Gobierno colombiano.

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