La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz juzga este lunes a seis presuntos responsables de un alijo de más de 2,2 toneladas de hachís abortado por la Guardia Civil en junio de 2012 en la desembocadura del Guadalquivir, en el término municipal de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). La Fiscalía pide una multa de diez millones de euros para cada uno de los acusados, siete años de cárcel para cinco de ellos y siete años y medio para el restante, al concurrir el agravante de reincidencia.
Según el escrito de calificación fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos tuvieron lugar entre abril y junio de 2012, cuando los seis procesados se habrían puesto de acuerdo para traer desde Marruecos a España en una neumática semirrígida una cantidad de hachís con intención de distribuirla entre terceras personas a cambio de dinero.
Así, dos de ellos habrían alquilado en abril de ese año una nave industrial ubicada en una urbanización de Coria del Río (Sevilla), cerca del domicilio de uno de ellos. La idea era guardar allí la embarcación que, bajo las indicaciones de otro de los acusados, llevaron desde Algeciras (Cádiz) y que utilizarían en su momento para trasladar la droga.
En junio, otros dos acusados habrían ido a Chucena (Huelva) a recoger a otros dos procesados y se trasladaron al domicilio del acusado restante, donde recogieron a dos marroquíes. Todos se encontraron pasada la medianoche en Coria del Río y echaron al agua la neumática, embarcando dos de ellos junto a los marroquíes con destino al país vecino.
Una vez en Marruecos, supuestamente cargaron 80 fardos de hachís antes de regresar a España. La neumática fue avistada sobre las 20,00 horas del 21 de junio por el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) en la entrada de la desembocadura del río Guadalquivir, siendo localizada por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en la zona del Espíritu Santo, en Sanlúcar.
Encontraron la embarcación encallada con los 80 fardos en su interior tras haberla abandonado sus ocupantes, quedando únicamente uno de ellos aturdido y semiinconsciente en el agua.
La droga intervenida arrojó un peso total de 2.233.605 kilogramos de hachís, que habría alcanzado en el mercado un valor superior a los 3,4 millones de euros en el momento de los hechos.
En distintos registros domiciliarios practicados con la correspondiente autorización judicial se intervinieron diferentes elementos para llevar a cabo la operación, tales como vehículos, teléfonos satélites, distintos teléfonos móviles y manuscritos con coordenadas, entre otros.
A juicio del Ministerio Público, los hechos descritos son constitutivos de un delito de integración en grupo criminal y de un delito contra la salud pública de sustancias que no causan grave daño para la salud, en cantidad de notoria importancia y extrema gravedad por el uso de embarcación.
Por el delito contra la salud pública, pide cinco años y medio de cárcel para cinco de los acusados y seis para el último, el cual fue condenado en 2009 en sentencia firme por un delito contra la salud pública. Por este mismo delito, solicita diez millones de euros de multa para cada procesado. Asimismo, reclama para todos ellos un año y seis meses de cárcel por el delito de pertenencia a grupo criminal.
