Lejos de verse la luz, el futuro de Onda Jaén y de Epassa ha entrado en un laberinto político y jurídico de incalculables consecuencias para los trabajadores. El equipo de gobierno del PP aprobó en el Pleno de ayer martes el inicio del proceso de subrogación en la plantilladel Ayuntamiento de los 84 empleados de las dos empresas municipales(52 de Onda Jaén y 32 de Epassa) que más quebraderos de cabeza están dando a la ruinosa tesorería municipal.
Pero lo hizo desoyendo un demoledor informe del Interventor municipal en el que advierte de que este convenio de subrogación “carece de cobertura jurídica por contravenir la normativa de acceso a la condición de empleado público” y dejando claro que “se incumple el plan de ajuste” que el Ayuntamiento tiene aprobado por el Ministerio de Hacienda y que le obliga a reducir los gastos de Personal para sanear sus cuentas. “Se carece de cobertura presupuestaria (...) y no quedaría justificada la creación de nuevas plazas en la plantilla de Personal del Ayuntamiento en el Presupuesto del año 2015”, concluye el interventor.
El inicio de esta subrogación se desarrolló en un acalorado debate político y con la presencia como testigos privilegiados de la mayor parte de trabajadores de Onda Jaén y Epassa, que ovacionaron las intervenciones de los miembros del PP y afearon la abstención mostrada por PSOE e IU. Tanto los concejales responsables de Somucisa (Onda Jaén), Miguel Contreras, como de la empresa pública de aparcamientos (Epassa), Juan José Jódar, defendieron la vía emprendida por el equipo de gobierno como la mejor opción para la defensa de los puestos de trabajo de las dos sociedades. Además, valoraron que se haya rebajado la deuda con relación al anterior mandato de PSOE e IU (a los que acusaron de querer privatizar las dos empresas en varias ocasiones) y equipararon este proceso con el proceso de funcionarización llevado a cabo recientemente por el PSOE en la Diputación y que ha beneficiado a 400 empleados públicos.
“¿Qué hacemos, o hay estabilidad presupuestaria o los echamos a la calle?”, dijo, categórico, el edil Miguel Contreras, cuando la oposición le recordó el informe de la intervención poniendo en cuestión la legalidad del camino elegido. Y es que, aunque el alcalde dejó que el secretario municipal dijera antes de la votación que “sí cabe la subrogación”, se omitieron otras recomendaciones jurídicas como la que establece que “un trabajador de una Administración pública no puede adquirir la condición de fijeza en la plantilla sin superar el oportuno procedimiento público de selección que garantice los principios de igualdad, mérito y capacidad”.
Se incumplen los requisitos
La portavoz socialista, María del Mar Shaw, dejó claro que su grupo no quiere que se pierda ningún empleo, pero recalcó que el proceso emprendido por el PP “no cumple con los requisitos legales y no tiene ninguna garantía para los trabajadores”. Shaw criticó que el PP no le entregara el informe de Intervención hasta minutos antes del inicio del Pleno. En el mismo queda claro que para la supresión de sociedades mercantiles y, antes de la subroración, se requiere del acuerdo de liquidación, la publicidad de la disolución, la apertura del periodo de liquidación, la conclusión por los liquidadores de las operaciones pendientes, la división del patrimono social, la extinción de la sociedad y un nuevo acuerdo plenario para autorizar la subrogación.
“Este proceso no se sostiene, no tiene ninguna validez legal; con esto están en la calle”, subrayó Shaw dirigiéndose en todo momento a los trabajadores de Onda Jaén y Epassa. Y en parecidos términos se pronunció el portavoz de IU, PabloFoche, para quien la medida del PP es “electoralista y populista” e “incumple la Ley estatal que obliga a la disolución de las sociedades con pérdidas”. Foche también abogó por un acuerdo que salve el empleo en las dos empresas, pero lamentó que el PP no actuara de igual forma con los despidos de Imesapi e instó a la municipalización de los trabajadores del agua y la basura.
El debate subió de tono con la intervención del alcalde. José Enrique Fernández de Moya dijo que su grupo podía haber dejado este tema hasta después de las Elecciones Municipales, pero han decidido iniciar el proceso “por responsabilidad y sentido común”. Y acusó a la oposición de ponerse de perfil con su abstención: “Ustedes se tienen que retratar, no vale la demagogia y de traicionar a 84 familias”, exclamó.
Antes de la votación, Fernández de Moya se ganó el calor de los trabajadores presentes en el pleno al destapar aspectos sombríos de la gestión de PSOE e IU. “Pagaban a una productora foránea 4.400 euros cada 15 días por un partido del Real Jaén en diferido,y tenían arrinconados a los trabajadores de Onda Jaén”. Y llamó “miserables” a la bancada socialista al recordar que amenazaron a una trabajadora diciéndole que “les quedaba un pelao”. La aseveración del alcalde fue recriminado posteriormente desde el PSOE.
La ira de los antidesahucios caldea un pleno sin control
El salón de plenos del Ayuntamiento de Jaén se convirtió ayer por unas horas en escenario de un bochornoso espectáculo con una bronca y sucia guerra dialéctica entre buena parte del público (en su mayor parte miembros de la Plataforma por el Derecho a la Vivienda de Jaén y de Stop Desahucios) y los corporativos. Ni el drama ni la angustia que viven las tres familias que están a punto de ser desahuciadas de sus casas, justifica el esperpéntico pleno, que fue incapaz de controlar en todo momento el alcalde, José Enrique Fernández de Moya.
Los miembros de la plataforma antidesahucios dejaron claro desde el primer momento que tenían la clara intención de reventar el pleno. Se habían concentrado para seguir la moción del PP sobre la vivienda, y reclamar soluciones municipales para las tres familias amenazadas de desahucios inminentes. Sin embargo, hasta el debate de ese punto (que era el último del orden del día) los manifestantes optaron por abroncar e insultar al alcalde y a los concejales de PP y de PSOE en cada una de las mociones que se debatieron con anterioridad. Gritos de “corruptos”, “ladrones”, “PSOE, PP, la misma mierda es”, “No nos representan” y otras muchas descalificaciones marcaron las intervenciones de los ediles populares y socialistas, que se desgañitaban para hacerse oír.
Pero lo más sorprendente fue qu el alcalde no fue capaz en ningún momento de controlar las iras de los vecinos. Lejos de llamar a la calma y de hacer uso de su facultad de desalojar la sala, Fernández de Moya entró en el juego de los manifestantes retándoles a presentarse a las elecciones, presumiendo de su holgada victoria electoral en 2011 y recriminando el pasado de algunos de los presentes.
“No debe provocar”
“Usted tiene la obligación de presidir el pleno, y no de provocar a los vecinos”, le espetó la concejala socialista Matilde Cruz. Además del rifirrafe dialéctico, el salón de plenos fue también escenario de una guerra de carteles: A los que portaban los de Stop Desahucios reclamando viviendas de titularidad municipal, se sumaron los concejales del PP con carteles aluvisos a los terrenos donde debe construirse la Ciudad Sanitaria y de otros solares donde la Junta tiene viviendas vacías.
Tan caldeado e irrespirable estaba el salón de plenos que el portavoz de IU, Pablo Foche (al único que sí respetaban los manifestantes) tuvo que pedir sosiego al público para que sus demandas “no se vieran deslegitimadas por las formas empleadas”.
Y ya en el debate de la moción sobre la vivienda presentada por el PP, la concejala Rosa Cárdenas acabó pronto con las esperanzas de los antidesahucios al anunciar que “el Ayuntamiento no tiene ni una sola vivienda vacía”, aseveración que fue duramente rechazada por los manifestantes. Cárdenas les pidió que dirigan su reclamación a la Junta de Andalucía, que el lunes ya anunció que daría un piso del bloque de las 60 viviendas del Polígono del Valle a Pedro Antonio Rubio. “Ustedes (el PP) utilizan como ariete contra la Junta a tres familias que van a ser desahuciadas, y eso es de una pobre catadura moral”, enfatizó el concejal socialista Antonio Guinea de Toro. Con todo, la moción salió adelante por unanimidad de los tres grupos políticos. PP, PSOE e IU, en un intento por escenificar la unidad de acción política contra las familias en riesgo de desahucios.
