Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Málaga ha considerado necesario que tanto el Gobierno como la Junta de Andalucía como el propio Consistorio refuercen la financiación pública destinada a garantizar el desarrollo y la aplicación de los programas de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas y que de forma específica impulsen los dirigidos a los niños. En el caso concreto de la Administración gestionada por Francisco de la Torre, le exigirá de nuevo la puesta en marcha de un plan municipal contra la pobreza, dotado con al menos un millón de euros.
El objetivo es que este plan contemple medidas integrales y transversales contra la pobreza infantil, tal y como se recoge en una moción que IU presentará en la Comisión de Pleno de Derechos Sociales, y a través de la cual también se pedirá el aumento de las partidas presupuestarias y la dotación económica del Plan de Inclusión Social previsto para este año.
Así lo ha expuesto la portavoz adjunta de Izquierda Unida en el Consistorio malagueño, Antonia Morillas, que también defenderá otra moción en la Comisión de Derechos Sociales reclamando la mejora de los programas y las acciones de reparto de alimentos.
Según Morillas, "la crisis económica y las políticas de recortes llevadas a cabo por el Gobierno central están contribuyendo a ampliar la desigualdad social, por lo que es necesario reforzar la financiación pública destinada a garantizar el desarrollo y la aplicación de los programas de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas y específicamente los de refuerzo a los niños en situación de pobreza infantil".
En Málaga, ha precisado, hay 46.000 familias con todos sus miembros en paro, el 10 por ciento del total, mientras que 39.800 hogares no cuentan con ingresos y una cuarta parte tiene entre sus miembros a menores de 16 años, lo que coloca a la provincia como la cuarta a nivel nacional, sólo por detrás de Barcelona, Madrid y Valencia.
El 31 por ciento de los menores de 16 años vive en la pobreza en Málaga, siendo las zonas más afectadas Palma-Palmilla, Ciudad Jardín, Puerto de la Torre, Teatinos y Campanillas, donde esta situación se encuentra en el 27 por ciento de la población. Por esta razón, la edil de la coalición ha insistido en la "urgencia" de que los poderes públicos adopten medidas.
REPARTO DE ALIMENTOS
En cuanto a la moción relativa al reparto de alimentos, IU plantea que se estudie la mejor fórmula para crear un registro voluntario para todas las entidades, organizaciones, empresas o personas físicas que desarrollan acciones relacionadas con esta cuestión. El objetivo ha de ser contar con una red reconocida oficialmente, lo que daría garantías a la ciudadanía, ha destacado.
De igual modo, contando con este registro se podrían desarrollar tareas de apoyo, asesoramiento y formación, así como dinamizar la centralización de servicios, ha explicado a Europa Press la portavoz adjunta de la coalición de izquierdas.
Otro punto recogido en esta moción es el impulso de reuniones periódicas de coordinación con las entidades registradas para llegar a acuerdos sobre criterios homogéneos de reparto que sean de dominio y conocimiento público, intercambio de buenas prácticas, información sobre las dificultades existentes y propuesta de soluciones, mecanismos de control para evitar duplicidades o para permitirlas en los casos en que se justifiquen, etcétera.
Y es que, según ha advertido Morillas, el funcionamiento "descoordinado" de toda esta red provoca situaciones" injustas" como la inexistencia de esos criterios consensuados que permitan un reparto equitativo y también la falta de un acceso igualitario y universal a la información sobre los puntos de reparto existentes y de un registro de usuarios, lo que "favorece duplicidades o la aparición de la picaresca indeseable".
"La dificultad en el acceso a una alimentación básica digna y suficiente es un problema de derechos humanos, de justicia social, de respeto a la condición humana y de igualdad ciudadana básica y como tal la Administración debe velar para darle una solución", ha señalado la concejala de IU.
Por esta razón, ha incidido en la urgencia de que los poderes públicos adopten medidas y se impulsen acciones que favorezcan "un funcionamiento más eficiente, justo y equitativo" de toda esta red de apoyo social, velando así, desde el respeto a la iniciativa social y privada, por "un desarrollo serio y respetuoso para las personas".
A su juicio, "la solución del acceso a la alimentación no puede hacerse desde el voluntarismo más o menos afortunado, la caridad, la piedad, el altruismo o la solidaridad". "Los ciudadanos afectados por esta situación han de tener claro que están accediendo a la satisfacción de un derecho humano básico, que, por desgracia, hoy no pueden procurarse por sí mismos, pero no a un favor por parte de la persona o entidad que les atiende provisionalmente", ha declarado.
