El juzgado ha decidido suspender el juicio previsto para este jueves contra José Manuel Fernández Castiñeiras, ladrón confeso del Códice Calixtino, por el robo de correspondencia a sus vecinos de O Milladoiro, en Ames (A Coruña), después de que el acusado no compareciese en los juzgados de Santiago por encontrarse hospitalizado.
Desde primera hora de la mañana de este jueves, numerosos vecinos y medios de comunicación esperaban con expectación la llegada a los juzgados de Fontiñas del ladrón confeso del Códice, que debía declarar como acusado a partir de las 9,30 horas por supuestamente robar centenares de cartas durante años a sus vecinos.
Sin embargo, y tras realizar varias llamadas, el juzgado ha comprobado que Fernández Castiñeiras no se había presentado al juicio. Según un informe que ha llegado por fax al juzgado, el hombre se encuentra ingresado en un centro hospitalario desde las 8,30 horas de este jueves, aunque no ha trascendido ni el centro ni el motivo del ingreso.
Dado que, por la pena que se le pide, es imprescindible su presencia para celebrar el juicio, el tribunal se ha puesto en comunicación con el hospital en el que se encuentra ingresado para conocer detalles de su estado y el alcance que tendría su estancia en el centro.
Según han informado fuentes judiciales, el parte médico indica que Fernández Castiñeiras será "dado de alta en las próximas horas", tras someterlo a distintas pruebas. Aún así, y a riesgo de que no dé tiempo a que declare la treintena de testigos citados, la sala ha decidido suspender el juicio y fijar una nueva vista.
Los datos que obran en poder del juzgado indican que Fernández Castiñeiras sí podrá comparecer el próximo lunes en el juicio por el robo del Códice Calixtino, según han apuntado las mismas fuentes. No obstante, y para garantizarlo, la Fiscalía ha solicitado que el acusado sea visto por un médico forense para dictaminar con exactitud su estado.
PENAS
Fernández Castiñeiras está acusado por el supuesto robo de cartas a sus vecinos, hecho por el que la Fiscalía pide hasta 243 años de prisión. En concreto, el fiscal solicita 18 meses de prisión por cada uno de los 162 delitos contra la intimidad de los que le acusa, así como una multa de 15 meses con una cuota diaria de 30 euros y una indemnización por daño moral de 1.000 euros para 19 personas.
En total, esto supondría 243 años de prisión y una multa de 2.187.000 euros por el robo continuado de correspondencia privada de sus vecinos.
Mientras, la acusación particular le imputa 295 delitos contra la intimidad y solicita 36 meses de prisión por cada uno de los delitos, lo que sumaría una pena total de 885 años de cárcel.
Además, la acusación particular reclama una multa de 20 meses con cuota diaria de 30 euros, lo que suponen 5.310.000 euros. Para los perjudicados, un total de 21, pide indemnizaciones de entre 1.100 y 7.800 euros.
