El Grupo Ruiz Jurado presentó ayer en el Registro del Ayuntamiento una reclamación de responsabilidad patrimonial, demandando una cantidad cercana a los 7 millones de euros “por el incumplimiento de las obligaciones contractuales” que asumió el Consistorio en los convenios firmados en julio de 2012 con la constructora.
En concreto, la mercantil rondeña exige al Ayuntamiento 6.785.777 euros en concepto de daño emergente y lucro cesante por los acuerdos referidos a la permuta del viejo y el nuevo recinto ferial, denunciando Ruiz Jurado “un enriquecimiento injusto” por parte del Consistorio tras esta operación.
En la reclamación, a la que ha tenido acceso RONDA SEMANAL, el grupo refiere todo el proceso de permuta y los retrasos en la construcción de Eroski, subrayando cómo el Ayuntamiento cambió los suelos para la previsible implantación en la ciudad del centro comercial cuando el antiguo ferial no tenía un uso comercial. Así, señalan de entrada la diferencia de 622.067,05 a favor de la mercantil MAYSAP SL, perteneciente al grupo societario Ruiz Jurado, por la propia permuta. Pero la mercantil pone el acento, especialmente, en los 3,2 millones, más IVA, con que se construyó el nuevo recinto ferial por las plusvalía derivadas de la permuta de los terrenos, refiriendo ese “enriquecimiento injusto” del Ayuntamiento por haber cumplido la empresa con sus compromisos previstos en el convenio cuando existieron numerosos problemas hasta convertir en ‘comerciales’ los suelos de la antigua feria. En este sentido, la reclamación señala cómo en 2010 se dotó finalmente al antiguo recinto ferial de ese carácter ‘comercial’, si bien, asegura, fue “en una forma y condiciones completamente distintas y gravosas en cuanto al aprovechamiento, la ocupación y las zonas públicas obligatorias conveniadas en 2005”.
Al fin, Ruiz Jurado habla de lucro cesante, porque “el Centro Comercial no se pudo construir”, sentencia. El documento refiere que el importe de las obras contratadas por su construcción hubiera ascendido a 26,9 millones, de los que el beneficio industrial hubiera supuesto en torno a 1,6 millones, a los que habría que añadir los intereses por el paso de los años.
EL CASO ACINIPO
Curiosamente, Ruiz Jurado ha basado algunos de sus cálculos en la famosa tasación que recibió la jueza del caso Acinipo tras solicitar la magistrada información técnica por si hubiera existido algún tipo de perjuicio patrimonial para el Consistorio en la referida permuta. Como ya contó hace semanas RONDA SEMANAL, que hizo pública dicha tasación, no existió perjuicio alguno.
“El caso Acinipo ha arruinado a Grupo Ruiz Jurado. El hecho de que su nombre apareciera en la instrucción de dicho asunto hizo que, además de tener que sobreponerse al fallecimiento de su fundador y dueño, Manuel Ruiz Jurado, tuviera que ver como día a día crecía la desconfianza de clientes y proveedores por estar presuntamente implicada en un asunto judicial de esas características y que ha llevado al deterioro definitivo de la empresa”, declaró este viernes a este periódico, tras presentarse la reclamación en el Ayuntamiento, una fuente del propio grupo.
“No sólo no hubo perjuicio patrimonial para el Ayuntamiento, sino que injustamente se enriqueció desde ese punto de vista patrimonial. Y los suelos que Ruiz Jurado compró por 5,7 millones y vendió por 17 no se revalorizaron, puesto que unos terrenos que se compraron sin calificar siquiera, se vendieron como una parcela urbana, con uso comercial y con la urbanización completamente ejecutada. No hubo tal revalorización, sino que el coste de los terrenos incluía cómo hubo que darles unos usos adecuados, más todos los costes de una urbanización y el beneficio industrial”.
Esa misma fuente refirió además cómo la jueza, en sintonía con la Audiencia Provincial de Málaga, manifestó estas semanas atrás mediante una providencia, como también contó RONDA SEMANAL, la posible afectación a los “derechos fundamentales” de los imputados, dado el retraso de la investigación. Dicha fuente de Ruiz Jurado aseguró por ello que “nos alegra que la jueza, en consonancia con la Audiencia, apremie a los investigadores para que finalicen la investigación, ya que, efectivamente, se corre el riesgo de que derechos fundamentales puedan ser vulnerados; y es que en esta empresa no sólo se ha tenido que convivir con la condena social de la imputación, sino que en nuestro caso, esta situación ha conllevado incluso que se tenga que paralizar toda una empresa de la que vivían mas de treinta familias, si no es que la gente nos ha señalado como si fuéramos unos delincuentes”. Concluyó dicha fuente asegurando que “la Justicia deja de ser Justicia cuando por lentitud puede generar situaciones injustas”, terminó.
Tras la presentación de la reclamación, a partir de este momento el Ayuntamiento dispondrá de un plazo de seis meses para posicionarse sobre la misma. Si ésta no es aceptada por el Consistorio, Ruiz Jurado ya ha anunciado que llevará el asunto a los tribunales, para interponer un contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento.v
