Hay que remontarse hasta noviembre de 2013 para conocer el motivo por el que la asociación Defensa Ciudadana Activa (DCA) ha vuelto a sentar en el banquillo al Ayuntamiento sanroqueño. La web municipal Multimedia publicaba la siguiente noticia: “El Ayuntamiento denunciará al presidente de DCA por suplantación de identidad de un empleado municipal”.
Así, se anunciaba la intención del Consistorio de “interponer una denuncia contra Juan Antonio Vázquez, como presidente de la plataforma Defensa Ciudadana Activa, por un supuesto delito de suplantación de identidad de un empleado municipal ya jubilado, con el objeto de acceder a información personal y reservada del mismo. Sin embargo, según relataba el propio presidente del colectivo, “esa denuncia nunca la interpuso el Ayuntamiento. Nunca nos llegó”.
La vista oral
Quien sí interpuso denuncia fue la asociación DCA, que reclama su derecho a rectificación de la información difundida por Multimedia. Ayer se celebró la vista oral a las 11.15 horas en el Juzgado número 1 de San Roque.
El colectivo recordó que el Centro de Proceso de Datos (CPD) había constatado que no existía vulnerabilidad alguna en la web y el acceso se produjo usando un usuario y contraseña de fácil deducción. Sin embargo, el responsable del CPD citado como testigo por la asociación reconoció ayer que “existía un fallo en las autenticaciones por certificado digital como informamos, lo cual motivó el que se retirara este tipo de acceso de la web municipal tras nuestra información”, indicaron desde DCA.
El letrado del Ayuntamiento insistió, en contra de la versión del técnico y DCA, en que el acceso se produjo utilizando usuarios y contraseñas repetidamente, al igual que afirmó tener la IP del remitente que identifica, siempre según su exposición inicial en el juicio, al presidente de DCA.
Desde DCA opinan que es “una mentira más de las que nos tienen acostumbradas, ya que el propio personal del Ayuntamiento desmintió el uso de contraseñas y para saber el propietario de una IP se requiere una orden judicial y no tenemos constancia de que hayan iniciado denuncia alguna siquiera”, apuntaron.
Los accesos a la web
Por otro lado, DCA confirmó que los accesos “al menos los que conocemos, se realizaron desde un centro de formación en tecnologías de la información que se encontraba en el domicilio social de esta asociación, por lo que estaban siendo usadas más de una docena de ordenadores por distintos usuarios además de que era un test por el que se animó a los usuarios, así como a otros socios, a probar la página del Ayuntamiento que unos días antes estaba en periodo de pruebas”.
De hecho, DCA confirmó dos usuarios pero el técnico del Ayuntamiento afirmó que detectó cuatro, por lo que “no sabemos quiénes fueron los demás, ni si se conectaron desde nuestra sede u otro lugar, pero está claro que no fue un ‘ataque cibernético’ sino una lógica respuesta ciudadana a la publicación del portal en pruebas del Ayuntamiento”.
Piensan mandar el caso a Fiscalía
DCA resaltó que con lo escuchado en el juzgado, “tendremos que estudiar las medidas a tomar, ya que aunque el nivel de alerta del Centro de Proceso de Datos es extremadamente bajo y no sería tenido en cuenta por ningún juzgado, si ha podido existir tentativa de delito estamos en la obligación de informar a la Fiscalía para que ésta actúe en consecuencia o archive la denuncia”.
Además, informarán a la Agencia Española de Protección de Datos, “dado el riesgo de suplantación que los técnicos mantienen, y lo extraño de que se conserven datos de personal ya jubilado cuando la LOPD no lo permite”. Hasta la fecha, y han pasado más de 10 meses desde el anuncio de medidas por parte del Ayuntamiento, que ha tenido dos vistas judiciales y siempre a petición de DCA, no se tiene constancia de denuncia alguna contra la asociación o su presidente.
