La autoridad judicial ha decretado la puesta en libertad con cargos para los 15 integrantes de la organización criminal supuestamente dedicada a introducir ilegalmente en España a ciudadanos marroquíes, que han sido detenidos en Córdoba, entre ellos los cuatro presuntos responsables de la organización, que supuestamente también se dedicaban a concertar matrimonios de conveniencia entre ciudadanos ilegales marroquíes y ciudadanas españolas, por los que cobraban 10.000 euros a cambio de los trámites y documentos falsos necesarios para los enlaces.
Según han informado desde el Cuerpo Nacional de Policía, de las 15 personas, ocho de ellas han sido detenidas en Córdoba capital, cinco en Fernán-Núñez, una en Aguilar de la Frontera y otra más en Montilla. Igualmente, se han efectuado tres registros domiciliarios, concretamente dos en Aguilar de la Frontera y uno en Fernán Núñez.
En concreto, las personas introducidas de forma irregular eran retenidas en 'pisos patera' hasta que sus familiares hicieran efectivo el pago de la deuda contraída con la organización. Así, ofrecían cruzar la frontera de manera irregular a cambio de 6.000 euros, acordando que el pago se haría efectivo cuando la víctima estuviera en territorio español.
Las investigaciones se iniciaron cuando una de las personas retenidas consiguió escapar y declaró que fue captado en la ciudad marroquí de Tánger por otro compatriota, que le ofreció cruzar la frontera de manera irregular en dirección a España a cambio de 6.000 euros, acordando que se haría efectivo el pago cuando la víctima estuviera en territorio español.
Para poder cruzar la frontera sin ser descubierto supuestamente lo introdujeron oculto en un camión en el Puerto de Tánger con destino a Algeciras (Cádiz). Una vez en la península lo trasladaron a un piso de la provincia de Córdoba, en el que se encontraban retenidos otros compatriotas.
En ese domicilio estuvo encerrado en una habitación, durmiendo en un colchón en el suelo y siendo escasamente alimentado por los captores; exigiéndole además de los 6.000 euros --que los hizo efectivos su familia en Marruecos a su llegada a España--, 5.000 euros más de lo pactado.
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Según la Policía, durante el tiempo que estuvo en el piso fue agredido continuamente con golpes en todo el cuerpo, cortes de cuchillo en las manos y con amenazas de muerte si no accedía a las pretensiones de su captores, a lo que añade que estos continuaban llamando a su familia para que realizaran el segundo pago exigido, "amenazando con matarle si no satisfacían esa cantidad".
En el transcurso de las investigaciones policiales se consiguió identificar a uno de los individuos que presuntamente había participado en tales hechos delictivos, asimismo se averiguó que junto con otros individuos de la red organizada, estaban realizando los preparativos para traer a otras dos personas de forma irregular a España a cambio de una importante cantidad económica.
Prestaciones por desempleo y subvenciones irregulares
Además, fueron identificados otros miembros de la red, dedicados a concertar matrimonios de conveniencia entre ciudadanos marroquíes que se encontraban fuera de España y mujeres españolas, con el fin de poder regular su situación ilegal en el país español y conseguir la correspondiente autorización de residencia. Para ello, los detenidos cobraban unos 10.000 euros aproximadamente por matrimonio realizado.
Para poder llevar a cabo esta actividad delictiva supuestamente falsificaban documentos tales como certificados de parejas de hecho, certificados de empadronamiento, así como altas fraudulentas en empresas ficticias creadas por los detenidos. Con esos mismos contratos ficticios intentaban conseguir también prestaciones públicas por desempleo y subvenciones irregulares.
Una vez identificados todos los integrantes del grupo, los agentes han detenido en Córdoba a 15 personas, al tiempo que han realizado tres registros en diferentes puntos de la provincia, en los que se intervino una gran cantidad de documentación relacionada con las falsedades documentales, tales como altas en empresas ficticias, contratos de trabajo, certificados de empadronamiento, certificados de parejas de hecho, solicitudes de regularización, certificados del registro civil sobre estados civiles, ingresos bancarios, así como cinco teléfonos móviles.
Cabe destacar que la operación ha sido llevada a cabo por el Grupo II de la Brigada Central de Trata de Seres Humanos de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif), adscrita a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Córdoba y la Subdelegación del Gobierno en Córdoba-Negociado de Extranjeros.
