Un juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla ha admitido a trámite, como litigio contencioso "ordinario", el recurso del PSOE contra el contrato adjudicado por el Instituto Municipal de Deportes (IMD) a la sociedad limitada Centro Deportivo Puerto Palma, para la gestión integral, explotación completa y mantenimiento del centro deportivo Fundición, estrenado en 2007 tras una inversión pública de varios millones de euros.
En su recurso, los socialistas señalaban las circunstancias y los términos del contrato gracias al cual la sociedad Centro Deportivo Puerto Palma gestiona y explota, por completo, el centro deportivo Fundición, enclavado junto a la Alameda de Hércules. Fue en diciembre de 2013, recordémoslo, cuando el consejo de gobierno del IMD aprobó adjudicar a esta compañía la gestión integral, la explotación y el mantenimiento de estas instalaciones hasta ahora de gestión directa, a cambio de un canon fijo de 85.000 euros anuales más un canon variable que depende de la facturación cosechada por Puerto Palma S.L. El contrato contempla un periodo mínimo de explotación de 15 años y una inversión obligatoria de al menos 224.620 euros a manos de la empresa adjudicataria, según la documentación recogida por Europa Press.
En ese sentido, el recurso del PSOE carga contra el procedimiento seguido para consumar esta concesión administrativa, pues según los socialistas, correspondería al pleno del Ayuntamiento y no al consejo de gobierno del IMD otorgar la concesión en cuestión.
Además, dado que el pliego de cláusulas que regulaba el concurso público destinado a adjudicar la gestión integral del complejo contemplaba la explotación del aparcamiento subterráneo del recinto dentro de los aspectos incluidos en la concesión administrativa ofertada, extremo además recogido en el 'Estudio de mercado e informe de viabilidad económica financiera', los socialistas señalan en su recurso que el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) prohíbe expresamente la creación de nuevos aparcamientos rotatorios en el casco urbano.
Esgrimiendo el PGOU, los socialistas consideran que este punto de la concesión administrativa sería ilegal. Después de que el recurso no prosperase por la vía del procedimiento especial para la protección de derechos fundamentales, habría sido canalizado como litigio contencioso "ordinario", siendo finalmente admitido a trámite según han informado a Europa Press fuentes del PSOE. El Ayuntamiento, de su lado, habría modificado por su parte el contrato de usos del que gozaba la sociedad Centro Deportivo Puerto Palma, destinando a residentes las plazas de estacionamiento inicialmente cedidas a la empresa para su explotación.
