El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha señalado este miércoles que "es evidente que se está abusando de la acusación popular en algunos procesos" y se ha mostrado partidario de arbitrar medidas para modificar esta figura.
Durante un desayuno organizado por Europa Press el fiscal general ha sido preguntado por la introducción en un borrador de la reforma prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de medidas que limiten la acción popular.
"Creo que manteniendo la exigencia constitucional, una reflexión de cómo se está usando la acción popular merece ser considerada, porque es evidente que se está abusando de ella en algunos procesos", ha indicado.
INDULTO E INMIGRACIÓN
Preguntado por una posible reforma de la Ley del Indulto, el fiscal general ha señalado que "privar al Gobierno de la posibilidad de indultar no sería justo", si bien le parecen positivas las propuestas dirigidas a "ahormar" la motivación de la medida de gracia en el sentido que ya ha señalado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
A lo largo de su intervención, el fiscal general ha eludido responder a las preguntas referidas al problema migratorio y se ha limitado señalar que se trata de un fenómeno que "humanamente es una tragedia" pero que debe ser tratado siempre "con los instrumentos del Estado de Derecho".
Ha recordado que se dispone de una Fiscalía, la de Inimigración "muy especializada" que se ocupa de estas cuestiones y tampoco ha querido opinar sobre las denominadas "devoluciones en caliente", ya que su regulación corresponde a criterios "políticos y legislativos"·
ALAYA
También se ha referido el fiscal general a la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción a la juez instructora del caso de los ERE, Mercedes Alaya, para que divida la causa en piezas separadas y eleve al Tribunal Supremo o al Tribunal Superior de Andalucía, según corresponda, las partes relativas a aforados como Manuel Chaves, José Antonio Griñán y otros.
Ha indicado que su "obsesión", como también lo es la del ministro de Justicia y del propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es la de "equilibrar el mantenimiento de un sistema procesal de garantías con un horizonte de mayor eficiencia y agilidad"
Así, ha insistido en que Anticorrupción entiende que a esas alturas del procedimiento " ha llegado la hora de que se parcele" la causa "para dar respuestas más ágiles y eficaces", y que si algunas personas implicadas gozan de aforamiento debe derivarse la causa al órgano correspondiente. "Respetamos el trabajo de la juez, pero sería positivo que se adoptaran esas medidas", ha indicado.
