Los abogados de la familia de Juan José Cortés, María Teresa Largo y Marcos García Montes, han informado de que están estudiando la posibilidad de interponer acciones legales contra el subdelegado del Gobierno en Huelva, Enrique Juan Pérez Viguera, tras conocerse la sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial de Huelva por el caso del tiroteo y al considerar que fue él quien "montó todo el operativo, infringiendo la Ley de Protección de Datos, y obligando a la Policía a realizar una investigación rapidísima sin ningún tipo de rigor".
Así lo han manifestado los abogados en declaraciones a Europa Press tras celebrar una rueda de prensa en Huelva, en la que también han estado presentes el propio Juan José y sus familiares, donde han defendido que "los jueces han hecho justicia, y sobre todo, han sido muy duros y objetivos con las pruebas".
En primer lugar, han indicado que en la sentencia se afirma que "la recogida de las ropas de la familia Cortés se hizo sin ninguna garantía", puesto que "ellos las entregan para cambiarse de ropa y no para que efectuaran unos informes". Asimismo, se comprueba que "se hizo sin la presencia de los abogados que habían estado asistiendo a las declaraciones dos horas antes".
En segundo lugar, los letrados han precisado que se demuestra que la recogida de muestras biológicas, en relación a las salivas de las células epiteliales, "se hace también sin abogado y por tanto no tiene ninguna garantía".
Y en tercer lugar, y para los abogados, "lo más importante", es que en el documento se recoge que "los agentes que hacen la toma de muestras las mandan a la Policía Judicial de Huelva, para posteriormente éstos reenviarlas a la Policía Científica, que las remiten a la Comisaría General de la Policía Científica en Madrid", tiempo en el que, según la sentencia, "nadie sabe que pasó con las ropas desde la recogida de muestras hasta que llegan a Madrid".
Además, "las ropas no estaban etiquetadas con nombre y apellidos y las depositan en una mesa de la Policía en la que se contaminan por estar todas juntas sin ningún tipo de rigor en cuanto a la cadena de custodia", han incidido los letrados, quienes han subrayado que, del mismo modo, "la toma de muestras de los disparos se hizo sin garantía ni respeto a la cadena de custodia".
En cuanto al fondo, en el documento se establece que "las declaraciones de los denunciantes no fueron ratificadas ante el juzgado", salvo en el caso de A.F., tío de Cortés, que "el juzgado dice que ratificó en cierta parte y nadie sabe a qué parte se refiere", han apuntado los abogados.
Igualmente, han destacado que "se recoge que la distancia entre la televisión de Mairena del Aljarafe (Sevilla) hasta Huelva es suficiente largar como para no llegar a la hora que se establecía".
UNA SENTENCIA "MUY ACORDE CON LO QUE PASÓ"
Por último, han señalado que en la resolución reza que "se detiene a uno de ellos por un problema con el Documento Nacional de Identidad (DNI) al estar caducado", momento en el que "cuando va la familia a la Comisaría a preguntar qué ha pasado con su hermano los van deteniendo uno a uno", han añadido.
Es por todo ello que han considerado que se trata de "una sentencia muy acorde con lo que pasó", por lo que creen que la Fiscalía "no va a recurrirla", así como entienden que ha sido "mínima" para el cuñado de Juan José, V.J.M, que ha sido condenado a 14 meses de prisión por los delitos de tenencia ilícita de armas y por otro de amenazas no condicionales y al pago de 240 euros por una falta de lesiones al haber reconocido ante el juez que fue el autor de los disparos contra la casa del tío de Cortés.
No obstante, los letrados han resaltado que V.J.M. "no pudo tener nunca un ánimo homicida cuando disparó a una ventana a 40 metros de distancia y los perdigones jamás podían matar ni herir a nadie".
Cabe recordar que este pasado viernes el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva absolvía a Juan José Cortés, padre de Mari Luz, y sus familiares, excepto a su cuñado, de los delitos de homicidio en grado de tentativa, de tenencia ilícita de armas de fuego y amenazas, tras no considerar probado el juez que participaran en una reyerta que tuvo lugar en septiembre de 2011 en la barriada onubense de El Torrejón, según reza en la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press.
