El Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva), gobernado por una coalición PSOE y PA, espera "coherencia y responsabilidad" de los sindicatos y que estos aconsejen a sus afiliados a que "opten por los ajustes salariales y no por los despidos", tras presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que contempla el despido de 180 trabajadores laborales. A su vez, el Consistorio isleño ha mostrado "su intención decidida de no despedir a ningún trabajador", sino "seguir como hasta ahora con otro pequeño ajuste", que será negociado.
En un comunicado, el Ayuntamiento ha explicado que este miércoles se expuso ante la Comisión Negociadora un expediente, que espera que sea "el menos perjudicial para una plantilla de trabajadores laborales cercana a los 300 empleados, ya que a los funcionarios no les afecta". Así, una vez expuestas las líneas generales y de intenciones, fue la empresa designada para la negociación la encargada de mostrar "los números de la realidad económica que ha empeorado año tras año por la caída de ingresos y encorsetada por las imposiciones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y sucesivos ajustes que obligan a la reducción del gasto de personal".
Tanto para la alcaldesa isleña, la socialista María Luisa Faneca, como para su socio de gobierno, Francisco Zamudio (PA), se ha llegado a este punto por una sola cuestión, refiriéndose a "la bajada estrepitosa de unos ingresos que antes de la crisis permitía unos presupuestos de 45 millones de euros y que ahora no superan los 17", lo que obliga, ha proseguido, "a un reajuste obligatorio y forzoso como ha ocurrido en cualquier familia o empresa". De ahí, el reajuste realizado por el equipo de gobierno, tanto en jornada laboral como en salario, que permitió, "aún con dificultades, durante este último periodo de legislatura el mantenimiento del sistema".
"Y aunque la solidaridad es nuestra máxima", han declarado ambos mandatarios, "un sindicato, en su pleno derecho, llevó estas medidas paliativas a un juzgado de lo social y ganó por un defecto de forma, que no de fondo, poniéndonos en una situación aún más complicada y aunque lo tenemos recurrido, no sabemos qué va a ocurrir, y mientras tenemos que seguir pagando las nóminas y mantener los servicios de todo un pueblo", han enfatizado.
A su vez, recuerdan que como la mayoría de los ayuntamientos españoles, el de Isla Cristina está sujeto a un Plan de Ajuste impuesto desde el Estado, "el cual vuelve a dar otra vuelta de tuerca y obliga a una reducción en gastos de personal", por lo que habrá que volver a adecuar los salarios a esta nueva circunstancia, evitando ante todo "la reducción de plantilla".
Por lo tanto, el equipo de gobierno se plantea una reflexión en voz alta sobre "la gran responsabilidad que ahora tienen las fuerzas sindicales al encontrarse al Ayuntamiento que no quiere despedir", ya que su propuesta es "seguir como hasta ahora con otro pequeño ajuste, el cual será negociado", no obstante insisten en que son los sindicatos quienes "tienen que darle solución a sus representados, explicarles cuáles son sus propuestas y serán los empleados públicos los que decidirán", indicando además que creen que estos "preferirán los ajustes antes que los despidos".
VOCES "DEMAGÓGICAS"
Por otro lado, el equipo de gobierno tachó de "demagógicas" algunas voces que apuntan como solución al problema la eliminación de asesores y liberados, cuando "entre una plantilla de casi 300 laborales, solo hay dos eventuales, todos los concejales han visto rebajados sus salarios y la alcaldesa no cobra del ayuntamiento".
En este sentido, remarcan que "no son tiempos de mentir ni desviar la atención del problema, máxime cuando ya en Isla Cristina existen 2.700 parados y no queremos contribuir a aumentar esta dramática cifra".
Los números del Ayuntamiento de Isla Cristina son "claros", pues de un presupuesto de 17 millones de euros, 10,5 son para nóminas; 2,5 para pagar intereses bancarios derivados de las operaciones obligatorias por el Estado para atender a proveedores; 1,4 para la empresa de limpieza, 700.000 para energía y el resto para dar unos servicios públicos que, como apuntaron Faneca y Zamudio, "no están a la altura de lo deseado" por lo que agradecen a la ciudadanía "su comprensión antes estos momentos complicados y difíciles".
