El principal partido opositor turco, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), ha afirmado este lunes que acudirá al Tribunal Constitucional en caso de que la restrictiva ley sobre regulación de Internet aprobada la semana pasada por el Parlamento no es vetada por el presidente, Abdulá Gul.
"Este proyecto (de ley) contradice los artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos sobre el derecho a la privacidad, la libertad de asociación y la libertad de expresión", ha dicho el vicesecretario general de la formación, Faruk Logoglu, según ha informado el diario turco 'Hurriyet'.
"Creemos que esta ley no tiene sitio junto a los Derechos Humanos. Todo el mundo se pregunta si el presidente la vetará, pero (Gul) siempre los ha aprobado (los proyectos). Una vez aprobado, el CHP acudirá al Tribunal Constitucional", ha agregado. Gul tiene 15 días a partir del 10 de febrero para ratificar el proyecto.
Así, Logoglu ha resaltado que "el único objetivo del proyecto de ley es encubrir las acusaciones de corrupción y soborno" vertidas contra el Gobierno tras el estallido en diciembre de un escándalo que ha afectado a varios altos cargos del Ejecutivo de Recep Tayyip Erdogan.
La nueva ley permitirá a las autoridades bloquear el acceso a determinadas webs por violaciones de la privacidad, si bien sus críticos la han descrito como un acto de censura a la libertad de expresión y el derecho a la información.
En base a los cambios, los ministros de Transportes, Asuntos Marítimos y Comunicaciones podrán bloquear las páginas sin la necesidad de que exista una orden judicial.
Asimismo, la Alta Autoridad para las Telecomunicaciones (TIB) tendrá autorización para bloquear páginas en base a su propia iniciativa en caso de que considere que se esté violando el derecho a la privacidad de algún ciudadano.
En respuesta, la Asociación de Industriales y Empresarios Turcos (TUSIAD) ha sostenido que el derecho a la privacidad ya está protegido por la legislación existente y que esta nueva ley podría provocar violaciones de los Derechos Humanos.
La ley incluye además una cláusula que permite almacenar los historiales de búsqueda de los usuarios durante periodos de hasta dos años, lo que se une a las preocupaciones por la excesiva vigilancia del Gobierno sobre las actividades de la población en Internet.
Erdogan ha salido al paso de las numerosas críticas contra el proyecto y ha tildado a las personas que han participado en manifestaciones contra su ratificación de "defensores de la inmoralidad" respaldados por el "lobby de la industria pornográfica".
