El sindicato FETE-UGT en la Universidad de Granada ha llevado a juicio la sobrecarga horaria del Personal Docente e Investigador (PDI) contratado tras presentar un recurso contencioso administrativo contra el Rectorado de la UGR al considerar que la medida, que no fue negociada, no puede aplicarse a este colectivo.
El origen del conflicto reside en la aplicación al PDI contratado del Real Decreto 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, lo que ha conllevado una sobrecarga horaria de hasta 32 créditos a estos trabajadores, según ha informado a Europa Press la sección sindical de FETE-UGT en la UGR.
Desde el sindicato mantienen que el citado decreto se limita a los profesores funcionarios, sin que haga mención alguna a los profesores contratados y considera que su aplicación a este colectivo, mediante la aprobación del Plan de Organización Docente para el curso 2012-2013, fue una decisión del gobierno de la institución que alteró "gravemente sus condiciones de trabajo".
De hecho, desde FETE-UGT advierten de que el I Convenio del Personal Docente e Investigador Contratado de las Universidades Públicas de Andalucía no permite la aplicación del decreto que realizó el Rectorado "unilateralmente", además de que cualquier interpretación o modificación de este convenio debe ser negociada con los representantes de los trabajadores, lo que no se ha producido.
La vista oral sobre este asunto se celebró el pasado 14 de enero y desde el sindicato confían en que el juez les dé la razón por los motivos expuestos, además de porque la falta de negociación ya supuso en su momento la anulación judicial de la decisión de la Universidad de imponer más horas de docencia al profesorado.
Desde FETE-UGT advierten además de que otros fallos judiciales recientes respaldan este argumento, como el de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que ha fallado a favor de un recurso de UGT contra la falta de negociación.
En esta ocasión el tribunal indica que cualquier reunión no puede ser considerada negociadora y ha declarado nulas las órdenes 20/08/2012 reguladoras de las plantillas de funcionarios y del personal sanitario, veterinario y de farmacia de la Administración Regional, al tiempo que ha condenado a la Junta de Castilla-La Mancha a readmitir a los interinos despedidos por la aplicación de esa orden y a pagarles los salarios adeudados desde esa fecha, así como al pago las costas procesales.
