El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha citado a declarar como imputada a la infanta Cristina el próximo 8 de marzo a las 10.00 horas por presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
El titular del Juzgado número 3 de Palma ha comunicado hoy la imputación de la hija menor del Rey en un auto de 227 páginas que ha notificado a las partes personadas en el proceso sobre las presuntas actividades corruptas del Instituto Nóos, que presidió el marido de doña Cristina, Iñaki Urdangarin.
Esta es la segunda ocasión en la que Castro cita como imputada a la infanta Cristina, pero cuando lo hizo por primera vez en abril de 2013 suspendió poco después la citación después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara recurso ante la Audiencia Provincial.
La Audiencia dejó sin efecto la imputación pero apuntó nuevas líneas de investigación para averiguar si la infanta Cristina pudo incurrir en posibles delitos fiscales y de blanqueo desde la empresa Aizoon, de la que es propietaria al 50 % junto a su esposo.
Castro imputó por primera vez a doña Cristina al apreciar hasta catorce indicios de que pudo consentir que su parentesco con el Rey fuera usado por su marido, Iñaki Urdangarin, y el exsocio de éste, Diego Torres, en las presuntas actividades ilegales del instituto Nóos, entidad que es investigada por el desvío de fondos públicos por más de 6 millones de euros.
El juez señaló "un supuesto de cooperación necesaria" o "complicidad" por parte de la infanta en los delitos que se atribuyen a Urdangarin y Torres, que son falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos, fraude a la Administración, tráfico de influencias y delitos contra la Hacienda Pública.
La Audiencia de Palma rechazó la imputación pero consideró inconclusas las indagaciones sobre un presunto delito fiscal o de blanqueo de dinero por parte de la infanta.
El tribunal expresó recelos sobre un informe de la Agencia Tributaria que llevó a imputar delitos fiscales a Urdangarin y Torres. "No se puede descartar en este momento la comisión del delito contra la Hacienda pública y, tal vez, posiblemente, de un delito de blanqueo de capitales, y que en tales ilícitos hubiera podido participar la infanta", decía el auto del pasado mayo.
El tribunal de la Sección Segunda se refirió a Aizoon como "una pantalla que se constituyó con una finalidad defraudatoria" y cuestionó que los ingresos de esa sociedad, dedicada originalmente a la gestión inmobiliaria, pudieran haberse destinado "al pago de gastos particulares" por parte de los duques de Palma, conociendo su origen ilícito desde marzo de 2006.
"La infanta debería saber o conocer, y por eso abandona el instituto Nóos, que para entonces Aizoon era una sociedad pantalla y que su marido la utilizaba para defraudar a Hacienda tanto en el impuesto de sociedades (...) como de la personas físicas y que se ha enriquecido por contratos ilegales y dinero público por facturas giradas por Aizoon al Instituto Nóos", dijo la Audiencia.
"Esas disposiciones de dinero sucio quizás podrían constituir un delito de blanqueo de capitales", decía el auto.
A partir de este pronunciamiento, Castro inició una prolija investigación de la que se ha derivado hoy la imputación de la duquesa de Palma, a la que se habían opuesto tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Abogacía del Estado y las representaciones procesales de Iñaki Urdangarin, Diego Torres y la propia infanta.
Solo el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, había pedido que se imputara a doña Cristina al considerar que en los análisis llevados a cabo por la Agencia Tributaria y por la Policía se ponían de manifiesto claros indicios de delito.
