El proyecto de presupuestos de la Diputación de Sevilla y sus sociedades mercantiles para 214 asciende a 404,92 millones frente a los 356,6 millones de euros consignados para el año que se agota. La clave de este notable incremento reside en los casi 50 millones que la Diputación extrae de sus propios depósitos bancarios, para inyectarlos directamente al Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef), que transformará este dinero en anticipos “a coste cero” para que los ayuntamientos puedan hacer frente a sus inversiones y obligaciones.
El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), ha presentado este miércoles un avance del proyecto presupuestario de la institución para el próximo año. Villalobos, en ese sentido, ha lamentado que estos presupuestos estén “maniatados” por la Ley de Estabilidad Presupuestaria que entre otros aspectos estipula para las administraciones públicas límites o “techos” concretos para el gasto en aspectos ajenos a los gastos financieros.
El nuevo proyecto presupuestario está marcado por una caída de 6,3 millones en las transferencias estatales por la participación en los tributos, “cesión de impuestos” y partidas “finalistas”, mientras las transferencias “finalistas” de la Junta caen un 0,17% pero “mantienen el tipo”, según Villalobos.
El proyecto de presupuestos consolidados asciende a 404,92 millones e incluyen cerca de 50 millones detraidos de los depósitos bancarios de la institución, para reforzar el respaldo financiero que se presta a los ayuntamientos a través del Opaef.
Esos 404,92 millones se traducen en 278,25 millones de euros en gastos “no financieros” (inversiones, gastos corrientes y de personal o servicios), 17,87 millones para amortización de deudas y 107,85 que computarían como “gastos financieros” y que se destinan a respaldar las economías de los ayuntamientos de la provincia.
Esta última partida se distribuye en 11,75 millones para una nueva edición del Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables (FEAR), que se mantiene a coste cero para pagar nóminas; 46,1 millones para un nuevo programa de “anticipos reintegrables a largo plazo” y otros 50 millones para el Opaef como apoyo a los ayuntamientos.
