“Eso incide en el ámbito interior, en el seno de la comunidad musulmana, en mezquitas... Es decir, si pensamos que la comunidad magrebí es la más numerosa en España, lógicamente, ese llamamiento y ese eco tiene su incidencia en el interior de nuestro país”, han explicado a Efe los responsables de la investigación de los atentados del 11-M y expertos en terrorismo islamista.
La amenaza se ha incrementado también por la presencia de tropas españolas en zonas en conflicto y por la política internacional de España dentro de organizaciones como la OTAN o Naciones Unidas.
Para frenar el riesgo de atentados y prevenir este tipo de terrorismo que intenta golpear con virulencia al que consideran su enemigo, los efectivos policiales han pasado de poco más de un centenar a los 1.300 de la actualidad.
También se han elaborado diferentes planes específicos de protección; se ha puesto en marcha el sistema de bases de datos policiales compartidas; se han reforzado los mecanismos de prevención, la cooperación internacional y la red policial en el exterior.
Las cárceles españolas albergan a 92 reclusos por su vinculación con el terrorismo islamista, 51 son penados –entre ellos 15 penados por el 11-M– y los otros 41 están en situación preventiva.
Cuando estallaron las bombas en los trenes, las fuerzas de seguridad estaban “acostumbradas” a luchar contra el terrorismo de ETA y trabajaban sobre algunos grupos y organizaciones de corte yihadista, extremistas islamistas, pero España “no estaba situada literalmente como objetivo” y sorprendió “el modo y la virulencia” con la que se produjo el atentado.
