Las filtraciones facilitadas por el soldado estadounidense Bradley Manning a Wikileaks pusieron al Comando Central en modo de crisis y provocaron que se asignara un equipo para identificar y advertir a cualquier persona que pudiera estar potencialmente en riesgo por ello, según ha testificado este viernes un alto cargo de la Marina.
El testimonio del contraalmirante Kevin Donegan, director de operaciones del Comando Central de Estados Unidos --cuyas operaciones abarcan 27 países entre el Cuerno de África y el Golfo Pérsico-- entre 2010 y 2012, se ha producido en la fase final del caso abierto contra Manning por dichas filtraciones.
"No fue una operación pequeña", ha dicho Donegan, quien ha destacado que "tuvo un gran impacto sobre el Gobierno estadounidense".
Asimismo, ha agregado que las filtraciones pusieron en peligro a algunas localidades afganas que podrían ser percibidas como "amigables" hacia las fuerzas estadounidenses o de la OTAN. Sin embargo, ha asegurado que no es capaz de mencionar a una sola persona que falleciera a causa de represalias en respuesta a la publicación de dichas informaciones.
El martes, la jueza militar que declaró culpable a Manning de la mayor filtración de información secreta en la historia de Estados Unidos redujo su potencial condena de prisión de 136 a 90 años.
La jueza coronel Denise Lind determinó durante la fase de sentencia que algunas de las condenas por entregar más de 700.000 archivos secretos a WikiLeaks deberían fusionarse. El 30 de julio Lind declaró culpable a Manning, de 25 años, de 19 cargos penales.
En respuesta a las objeciones de los abogados de la defensa de que el procesamiento estaba "excediéndose" al buscar condenas separadas para todos los cargos de espionaje, la jueza halló que algunos resultaban de los mismos delitos y debían ser fusionados para evitar "una multiplicación de cargos poco razonable".
La defensa reconoció que Manning descargó archivos militares y diplomáticos en días diferentes, pero dijo que agrupó muchos de ellos en documentos únicos antes de transmitirlos en 2010 a WikiLeaks. Los fiscales argumentaron que cada una de las descargas debía ser considerada un delito separado.
