Este viernes ha concluido, finalmente, el periodo de consultas de la negociación correspondiente al despido colectivo promovido por la sociedad mixta Mercasevilla, gestora del mercado central de abastos y participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense, para extinguir 115 puestos de trabajo y externalizar otros 39 puestos de empleo, lo que adelgazará la plantilla hasta sólo 25 miembros. La negociación ha finalizado sin acuerdo y los trabajadores esperan ya las cartas de despido, aunque avisan de que el conflicto "no ha acabado aquí" y continuará en los tribunales. "Todavía queda la batalla jurídica", avisan los trabajadores ante los inminentes despidos.
Estamos hablando del conflicto laboral que sacude a la sociedad gestora del mercado central de abastos, participada por el Ayuntamiento hispalense y la empresa estatal Mercasa, a cuenta de la dura reestructuración destinada a reducir a unas 25 personas la plantilla directa de la compañía. La liberalización de los servicios de carga de género y facturación de ventas que la plantilla de Mercasevilla presta en la lonja de pescado, en ese sentido, constituye uno de los factores clave de este procedimiento, toda vez que el Gobierno municipal del popular Juan Ignacio Zoido sostiene que esta liberalización responde al cumplimiento de las regulaciones comunitarias.
EL PAPEL DE LA UNIÓN EUROPEA
En concreto, en el seno de las instituciones europeas reside un expediente a cuenta de la supuesta situación de monopolio en la que incurriría Mercasevilla al prestar con estos trabajadores los servicios de carga y facturación del género con la correspondiente imposición de un gravamen a los empresarios mayoristas de pescado, quienes precisamente habían elevado este aspecto a la Unión Europea. Para el Gobierno local del PP, la liberalización de la lonja responde así a las exigencias de las regulaciones europeas, toda vez que los trabajadores defienden que la Unión Europea no ha emitido aún ningún dictamen concluyente o definitivo sobre este conflicto.
Sea como sea, en los últimos meses el Consistorio hispalense ha tramitado y aprobado definitivamente una modificación de los reglamentos de Mercasevilla que liberaliza los servicios que los trabajadores de la empresa prestan en la lonja de pescado, extremo que entrará en vigor el 11 de agosto y que abrirá las labores de carga y descarga y facturación del género a la libre contratación por parte de los empresarios mayoristas.
DINERO PARA LAS INDEMNIZACIONES
En paralelo, Mercasevilla ha promovido una operación de ampliación de capital por valor de casi seis millones de euros para recabar fondos con los que afrontar las indemnizaciones del expediente de regulación de empleo (ERE) asociado a la liberalización de los servicios que la plantilla presta en la lonja. El Ayuntamiento, como socio mayoritario de Mercasevilla, aporta 3.086.154 euros a esta ampliación de capital gracias a una modificación presupuestaria aprobada ya por el pleno.
Pues bien, la comisión negociadora constituida para negociar los términos de esta reestructuración laboral ha finalizado este viernes su última sesión "sin acuerdo" alguno, según ha anunciado el presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez (CCOO), en una asamblea celebrada en el Patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla, donde este pasado jueves se encerraban varias decenas de los trabajadores al objeto de imprimir presión a la negociación.
"HAN DICHO QUE NO"
Rafael Domínguez, arropado por las cúpulas provinciales de CCOO y UGT, cuyos secretarios generales han asistido a esta asamblea, ha explicado a los trabajadores que el comité de empresa ha ofrecido incluso "una rebaja del 30 por ciento" en la jornada de trabajo, con su correspondiente reducción salarial, al objeto de ahorrar hasta "1,2 millones de euros" al año a la empresa, así como la "flexibilización" del convenio colectivo con la consiguiente pérdida de derechos adquiridos, si bien los representantes de Mercasevilla "han dicho que no" a esta última propuesta. Tras ofrecer la representación empresarial indemnizaciones de 25 días de sueldo por cada año trabajado pero con diversos condicionantes, según Domínguez, "no nos ha quedado otra alternativa que levantarnos de la mesa sin acuerdo", con lo que, "cerrado el periodo de consultas", sólo queda esperar "las cartas de despido".
La noticia era ya esperada, pero no por ello ha resultado más liviana para los trabajadores, dos de los cuales han roto a llorar mientras otros tantos han proferido insultos y descalificaciones contra el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido. "Ya estamos muertos", lamentaba uno de los afectados. Mientras el grueso de los despidos será notificado el día 12 de agosto, al día siguiente de ser efectiva la liberalización de los servicios de la lonja de pescado, Rafael Domínguez avisa de que "esto no acaba aquí". En ese sentido, el presidente del comité de empresa ha anunciado que el conflicto continuará "en los tribunales", dando así a la plantilla instrucciones concretas acerca de la impugnación individual de cada despido y el recurso colectivo del que será objeto el conjunto del expediente de regulación de empleo.
"QUEDA LA BATALLA JUDICIAL"
Igualmente, ha anunciado una campaña de "movilizaciones" tanto en los últimos días de vida de la plantilla, especialmente para las jornadas de huelga convocadas entre el 8 y el 10 de agosto, como en el periodo posterior a los despidos, pues es necesario mostrar que todo deriva de "una injusticia" y poner a la "opinión pública" del lado de las "víctimas" del conflicto. "Todavía queda la batalla judicial. Viva la unidad de los trabajadores", ha enfatizado Domínguez, siendo respondido por un encendido aplauso de los empleados, quienes finalmente han levantado su encierro en la Catedral de Sevilla porque esta próxima madrugada acudirán a sus puestos de empleo.
