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Cádiz

María José Valencia acude a declarar "muy tranquila" de no haber hecho "nada" de lo que se le acusa

Antes de entrar al Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz, Valencia ha expresado a los periodistas su intención de no hacer declaraciones a los medios

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  • María José Valencia -

María José Valencia, que fue diputada provincial del PSOE y vicepresidenta del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la Diputación gaditana durante el último mandato socialista, ha acudido a declarar este martes como imputada en la instrucción del 'caso Bahía Competitiva'.

   Antes de entrar al Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz, Valencia ha expresado a los periodistas su intención de no hacer declaraciones a los medios, limitándose a asegurar que acude "con la conciencia muy tranquila de que no he hecho nada de lo que me acusan".

   Según publica la prensa local, también está previsto que declare este martes Agustín Bobo, un presunto 'testaferro' del empresario gallego Alejandro Manuel Dávila Ouviña, considerado uno de los presuntos cabecillas de la trama que supuestamente obtuvo de forma ilícita 21 millones de euros de subvenciones públicas para fomentar el empleo en Andalucía.

   Está previsto que en los próximos días presten declaración más imputados, cuatro de ellos vinculados al Ministerio de Industria, siendo el lunes cuando está citado Jesús Candil, quien fue director general de Industria con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

   Cabe recordar que un total de 31 personas han sido detenidas en las distintas fases de la investigación por el presunto fraude millonario cometido con las ayudas a la reindustrialización de la Bahía de Cádiz a través del Plan Bahía Competitiva.

   Tras las últimas detenciones practicadas recientemente en Madrid, la Policía Nacional daba por desarticulada la trama que resumía apuntando que medio centenar de empresas solicitaban ayudas, responsables y funcionarios de la Diputación gaditana y del Ministerio de Industria presuntamente facilitaban la concesión y expertos desviaban los fondos a paraísos fiscales para defraudar a la Hacienda Pública.

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