El coordinador provincial de IULV-CA, Pedro Jiménez, ha asegurado este miércoles que la Mancomunidad de Aguas y Servicios de Huelva (MAS) "tiene que apostar para que se anulen judicialmente todos los procesos de privatización del servicio del agua que se han producido hasta ahora en varios ayuntamientos de la provincia de Huelva".
Según ha informado IULV-CA en una nota, Jiménez ha incidido en que MAS debe poner en manos de la Fiscalía todos los informes que tiene sobre "la presunta trama" para facilitar la privatización del servicio público del agua en diferentes localidades de la provincia, "ya que sería una auténtica vergüenza que la Fiscalía tuviera que actuar de oficio en este asunto y no a instancia de MAS".
Jiménez reclama esta anulación y paralización judicial de las privatizaciones ante "la existencia de claros indicios de que se ha producido un entramado que ha beneficiado a una empresa privada y ha perjudicado a miles de personas" tras hacerse público que José Carlos Hernández, ex alcalde del PP en Punta Umbría, "tiene un contrato con la empresa Aqualia del que tuvimos conocimiento ayer mismo" y por el que percibe "1.800 euros al mes, además de cobrar de otros ayuntamientos, como los de Bollullos del Condado y Moguer, que precisamente han privatizado el servicio del agua en beneficio de Aqualia, lo que para Izquierda Unida no ha sido una casualidad".
Además, ha criticado "la tibieza que ha mostrado el secretario provincial del PSOE, Ignacio Caraballo, ante la gravedad de estos indicios y no es aceptable que se dedique a pedir tranquilidad, mientras se ha permitido que el PP haya dinamitado desde dentro la gestión pública del agua de Giahsa y alcaldes de ese partido e independientes como el de Bollullos se hayan dedicado a promover públicamente en otros municipios la privatización de sus servicios de agua en favor de la empresa Aqualia".
Del mismo modo, ha añadido que "existen indicios de que se ha producido una supuesta maquinación para privatizar el servicio provincial de gestión del agua y que estas actuaciones ha llevado a MAS a las dificultades económicas que tiene actualmente", por lo que Izquierda Unida insiste en que se paralice judicialmente el proceso de privatización de los servicios de abastecimiento de agua y de recogida de basura de Giahsa que "aprobaron el PSOE, el PP y el PA, mientras que Izquierda Unida votó en contra".
