Las pruebas que se escucharon durante la investigación mostraban que el certificado de seguridad de la plataforma sobre la que se encontraba Mariano Gallego había caducado 4 meses antes del fatal accidente y no se había renovado. El equipo se había visto también dañado pocos días antes del incidente pero no se indicaba que estuviera fuera de servicio.
La jornada en la que murió el trabajador, la plataforma estaba siendo utilizada como ascensor, un propósito para el que no estaba creada pero práctica común de muchos trabajadores.
Los inspectores de salud y seguridad del Gobierno reiteraron durante la investigación que hallaron numerosos riesgos y peligros en una inspección posterior del área en construcción. Gallego Rodríguez era especialista en trabajos de impermeabilización y trabajaba para Manuel Lerma SL, una compañía subcontratada por Entrecanales y Tavora (Gibraltar) Ltd, la principal constructora del edificio Europlaza.
La magistrada Karen Prescott, encargada de la investigación, declaraba al concluir las cuatro jornadas del caso, que remitiría las pruebas al fiscal general, quien examinaría el archivo y decidiría si se presentaban cargos criminales contra alguna persona. Durante la investigación, Prescott señaló al jurado que las pruebas eran insuficientes para dictar un veredicto de homicidio contra Entrecanales y Tavora com entidad corporativa, añadiendo que debían tener en su mente a la hora de emitir el fallo, las acciones u omisiones de las personas, españoles, responsables de cuestiones de salud y seguridad de la obra.
Tras la muerte de Mariano Gallego, Entrecanales y Tavora fue condenada al pago de 15.000 libras (17.100 euros) en 2006, por no garantizar la seguridad de sus empleados. La compañía apeló la sentencia ante el Tribunal Supremo, que incrementó la cantidad a 20.000.
