Los patronos de la Fundación Andrés de Ribera (FAR) han debido aportar una cantidad “importante” de dinero para evitar, hace apenas unos quince días, que un embargo provocara la pérdida de la valiosa colección de relojes que alberga el complejo museístico de La Atalaya.
Se trata del penúltimo capítulo de la batalla que Ayuntamiento y Diputación libran para garantizar la estabilidad de una entidad cultural asediada por las deudas, fundamentalmente contraídas con la Seguridad Social y Hacienda.
En esta ocasión, el objeto del embargo era la colección de trescientos relojes que sustentan el principal activo de La Atalaya, una serie de piezas realizadas entre los siglos XVII y XIX que se caracteriza por ser la única de su género que se encuentra en perfecto estado de funcionamiento.
Cuestiones como esta han venido a ralentizar la presentación del plan de viabilidad anunciado el pasado verano, que entre otras cosas incluía un ERE que afectaría a la plantilla de trabajadores.
El presidente de la Diputación Provincial, José Loaiza, se mostró convencido de que a lo largo de estas próximas semanas se conocerán las medidas que piensan ponerse en marcha en la FAR.
El objetivo de las administraciones es que, al igual que está ocurriendo ya con Ifeca, la entidad cultural sea capaz de autofinanciarse. En cualquier caso, la alcaldesa, María José García-Pelayo, admitió ayer que sacar adelante a la fundación está costando “mucho más trabajo” del inicialmente previsto.
Buena culpa de ello debe achacarse a los embargos, que dificultan el pago mensual de las nóminas a los trabajadores. La propia García-Pelayo aseguró que en ocasiones ha sido necesario destinar 300.000 euros al pago de embargos para que la plantilla pudiera cobrar una nómina que, en su conjunto, apenas alcanza los 20.000 euros.
