La testigo protegida cuya denuncia dio origen a la detención y desarticulación de una banda que traía a España a nigerianas y las explotaba sexualmente ha ratificado hoy su declaración en sede policial asegurando que "la obligaron" a prostituirse como "única opción" para saldar su deuda por el viaje.
Ha sido durante su declaración, tras una pantalla para evitar ser reconocida, ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva que desde ayer acoge el juicio contra los once acusados por su implicación con dicha banda, que se enfrentan a una pena global de unos 80 años de cárcel.
Esta mujer ha narrado como le ofrecieron la posibilidad de venir a España a trabajar en temas relacionados con labores domésticas, restauración o comercio, y que pese a reticencias iniciales, aceptó, dejando claro que tras esto "ellos", en relación a los miembros de la banda, "lo decidían todo, sin dejarla opinar" y no le permitieron en ningún momento dar marcha atrás, bajo amenazas.
Pensó que el viaje sería de forma legal pero "pronto" advirtió que le habían confeccionado un pasaporte "falso" y que "todo se estaba realizando con muchas irregularidades".
Tras viajar en camión, patera, avión y autobús llegó a Huelva, donde permaneció alrededor de un mes en casa del matrimonio conformado por H.P. y T.G. considerados dos de los responsables de la organización.
En este tiempo, ha dicho, fueron muchas las veces que preguntó por el trabajo que iba a realizar y por cómo sería su vida, sin obtener respuesta, hasta que un día T.G. le dio órdenes para desplazarse a Badajoz, preparándole una maleta con ropa interior y enseñándole varias palabras en castellano como "hola", "cuánto" y "follar", informándole de que se iba a prostituir en un club.
Su negativa a desempeñar este trabajo vino seguida de amenazas, por lo que se sometió a las órdenes llegando a este club donde, J.B., otra de las cabecillas, a la que ha reconocido físicamente en el juicio, "la controlaba y la obligaba a hacer pagos periódicos en una cuenta para saldar su deuda, 50.000 euros".
Ha asegurado también que no denunció los hechos hasta dos años más tarde por su dificultad por el idioma y por no saber a dónde ir a hacerlo y que su intención con la denuncia "no fue nunca lograr la regularización".
"El dinero que yo daba nunca era suficiente", ha indicado, al tiempo que ha manifestado que no le dejaban usar móvil ni tener contacto con nadie y que las amenazas se extendían también a su familia en Nigeria.
