La diputada nacional por el PSOE de Huelva, María José Rodríguez, ha manifestado “tras la entrada en vigor hoy de la Ley de Tasas Judiciales que “el PP rompe con nuestro modelo de convivencia y el derecho de la igualdad de los ciudadanos ante la ley”. “Desde este momento- ha indicado- el PP ha roto con nuestro reciente pasado democrático y de derechos”.
Para la también secretaria de Política Institucional, “es indigno e intolerable” esta media del Ejecutivo de Rajoy que “rompe con nuestro modelo de convivencia que es el derecho a la igualdad y a la no discriminación”. “Esto se ha quebrado por el PP y ya no somos iguales ante la Ley y no tenemos las mismas condiciones para acceder en el amparo y en la defensa de nuestro derechos”.
María José Rodríguez ha señalado que con esta Ley, “el PP va a provocar que muchos ciudadanos tengan que arrodillarse porque no van a poder acudir a la Justicia, ante la discriminación por razones económicas impuesta por el Gobierno para acceder a este derecho”.
Copago sanidad
Por lo que respecta al copago por el transporte médico, no urgente, y en el pago de medicamentos que dispensa las farmacias de los hospitales, la diputada nacional por el PSOE de Huelva ha declarado que se trata de “una medida espuria que no tiene justificación económica y ataca la dignidad y los más elementales principios de humanidad”.
En este sentido, ha denunciado que “el PP se ensaña sobre todo con las personas mayores, jubilados y pensionistas, que son quienes más precisan de un sistema sanitario, público y financiado”. Y a los que también se les han atacado con el decreto de las pensiones.
María José Rodríguez ha indicado que en la provincia Huelva, “esta medida afectará, por ejemplo, sólo a pacientes en hemodiálisis a 311 personas, que utilizan la ambulancia seis veces al día, por lo que se gastarán 1.560 euros si pagan cinco euros por desplazamiento, en un tramo que va desde los cinco hasta los sesenta euros”.
Por ello, la diputada nacional ha manifestado que “hay razones más que justificadas para la movilización ciudadana, ante unas medidas que son una aberración e ineficaces desde el punto de vista de la recuperación económica”. Además de “regresivas y perjudiciales para las condiciones de vida de las personas que, en su mayoría, son mayores”.