Los datos arrojados por la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) durante el mes de noviembre de 2012 concluyen que las empresas y servicios vinculados con las telecomunicaciones continúan liderando las quejas que se presentan en el citado órgano.
Durante el pasado mes, este sector económico acaparó un 64,54% de las quejas presentadas, con un total de 91 de ellas, seguido, muy de lejos, por las tramitadas en relación a los servicios de reparación de teléfonos móviles y de suministro de electricidad, de las que se registraron 10 de cada una de ellas, un 7,09 %.
Por lo que se refiere al contenido de estas denuncias, las relativas a la telefonía, destacan las discrepancias en las cantidades facturadas, los problemas a la hora de gestionar la portabilidad de una compañía a otra, el cobro de servicios no contratados, la tarificación adicional, y las quejas relativas al servicio de atención al cliente, continúan un mes más siendo las cuestiones que conforman las reclamaciones en este sector.
También se ha registrado un reseñable número de quejas tramitadas en sectores como el textil, con 5 (3,55%); servicios profesionales, también con cinco (3,55%); así como la banca, con 3 quejas (2,13%).
En total, se tramitaron un total 116 expedientes ante entidades y empresas afectadas por algún tipo de conflicto relacionado con los derechos de los consumidores. Estos expedientes corresponden a las 260 consultas realizadas por los ciudadanos de Chiclana de la Frontera durante el mismo periodo de tiempo. Estas cifras suponen que el 44,62% de las citadas consultas se convierte en expediente.
La finalidad de la Oficina Municipal de Información al Consumidor es ofrecer ayuda y orientación a los consumidores de la localidad. Así, se encarga de la recepción, tramitación y mediación de las reclamaciones que se presenten directamente por el consumidor o que le sean remitidas por otras oficinas de información al consumidor o asociaciones de consumidores. Ademas, tiene el objetivo de fomentar la educación y la formación de los ciudadanos, colaborando con otras entidades públicas y privadas en la defensa de los derechos del consumidor y remite a la Junta Arbitral de Consumo aquellas reclamaciones en las que no ha sido posible lograr un acuerdo mediador.
