La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha ordenado la evacuación de una flotilla que ha permanecido retenida en un puerto de Ghana cuyo objetivo es recobrar los fondos perdidos por los contribuyentes y los tenedores de la deuda argentina tras el 'corralito', en 2002. Además, ha amenazado con acudir ante la ONU.
La embarcación 'Libertad' permanece retenida en el puerto de Tema desde el pasado 2 de octubre bajo orden judicial tras una demanda interpuesta por la empresa Elliot Management, que reclama 300 millones de dólares a Argentina en pérdidas por los bonos que vendió antes de caer en la bancarrota diez años atrás. Para liberarlo, exigían el pago de al menos 20 millones de dólares.
En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Argentina deplora el "acto ilegal" y la violación de los derechos de la tripulación de 'Libertad' al impedirle repostar y dejarles sin electricidad, ni comida. En total, hay 326 personas procedentes de varios países sudamericanos.
"La presidenta Cristina Fernández ha decidido evacuar en forma inmediata a la totalidad de los tripulantes argentino y no argentinos a fin de preservar su integridad y dignidad dejando a bordo únicamente al capitán y una dotación mínima necesaria para atender a la fragata mientras permanezca detenida en el puerto", remarca Exteriores.
Buenos Aires ha rechazado abonar las cantidades que la empresa reclama amparándose en la naturaleza militar de la flotilla y ha amenazado con acudir a la ONU. De hecho, las autoridades ghanesas reconocen la inmunidad de la embarcación, en base al Derecho Internacional.
El Gobierno argentino responsabiliza a las autoridades de Ghana de "todo y cada uno de los daños que sufra la fragata 'Libertad' hasta su liberación y de todos los perjuicios ocasionados por un acto ilegal y violatorio de las normas internacionales", de acuerdo con el comunicado.
El Gobierno argentino también tiene que hacer frente a diversas demandas interpuestas ante tribunales estadounidenses por los tenedores de los bonos que emitió hace una década que piden la congelación de los activos argentinos para recuperar su inversión.
