El delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha asegurado que confía en llegar a un acuerdo sobre los presupuestos de 2025 con los grupos municipales y no tener que recurrir a otra cuestión de confianza, ha rechazado cualquier prórroga presupuestaria y ha adelantado que entregará a la oposición el proyecto a finales de septiembre o principios de octubre, con el deseo de que entren en vigor el 1 de enero de 2025.
Bueno, en una entrevista en Las Siete de 7TV, tras una jornada en que la falta de consenso había impedido un acercamiento para limitar los pisos turísticos, ha reconocido que la cuestión de confianza, a la que podría recurrir de nuevo el Gobierno de José Luis Sanz si no consigue el respaldo de la oposición, es un instrumento legal que “se puede hacer pero soy positivo por naturaleza”, apuntando que en esta ocasión el camino de los presupuestos se realiza con más tiempo que el pasado año y “confío en que la oposición hará un esfuerzo y se llegará a un acuerdo”.
El delegado ha alabado que sindicatos y empresarios hayan decidido realizar un documento conjunto para aportarlo al debate presupuestario y si la oposición “se niega” a debatirlo, es un “bloqueo absoluto” y ha insistido, como ya avisó el alcalde al afirmar que “habrá presupuesto sí es sí”, en que “ese bloqueo no lo vamos a permitir”, descartando también la posibilidad de una prórroga presupuestaria, que entiende que es un “frenazo” para las inversiones y “un freno para hacer cosas en la ciudad”.
Ha explicado que su objetivo es redactar el proyecto de presupuestos con aportaciones de agentes sociales y económicos, vecinos y de todas las delegaciones, para presentarlo a los grupos municipales a finales de septiembre o principios de octubre “y que empiecen a opinar”, con el objetivo de que pudiera estar antes de 2025, porque “lo correcto” es que entren en vigor el 1 de enero.
Bueno también ha salido al paso de las críticas de la oposición, especialmente del portavoz del PSOE, Antonio Muñoz, sobre la falta de negociación y diálogo que mostró Sanz al asegurar que habría presupuesto a pesar de la oposición. “Lo que unos ven como soberbia, nosotros vemos una apuesta por los ciudadanos”, ha apuntando, reiterando que están “buscando seguir bloqueando la ciudad” y que se pondrá “negro sobre blanco cosas en las que es imposible que estén en desacuerdo”.
Ha avanzado que el montante del presupuesto será similar o algo superior, que jugarán con unas cifras “muy conservadoras” porque desconocen la aportación estatal (no hay aún presupuestos generales) ni las reglas de gasto y que continuarán las inversiones que ya se están ejecutando, a un 53%, del presupuesto de 2024. Eso sí, aunque su Delegación “pinte” los presupuestos, sí que ha reconocido que será el alcalde el que decida las prioridades, que apostará por la limpieza, la mejora de la movilidad y por los barrios de atención preferente, además de otros proyectos como el Lope de Vega o la finalización del tranvía, “que llegará a Santa Justa” y para cuya ampliación la Delegación de Fondos Europeos busca financiación.
Ordenanzas fiscales y el nuevo impuesto a vertedero
En paralelo, también trabajan en la redacción de las ordenanzas fiscales, para las que sí consiguieron el respaldo en el anterior ejercicio, y que continuarán la senda de la bajada de impuestos “aunque el año pasado se intentó vender lo contrario”, confiando de nuevo en conseguir el apoyo de la oposición.
Clave será en el impuesto a vertedero, que deberá entrar en vigor en abril de 2025 tras la Ley de Economía Circular que trasladaba a España la directiva europea que obliga a que sean los ciudadanos los que paguen una recogida de residuos urbanos selectiva y el reciclaje. “Nos obliga la norma”, recordaba Bueno cifrando entre los 7 y los 10 millones de euros el coste que le supone al Ayuntamiento y que, hasta ahora, ha soportado “a pulmón” como el resto de los municipios.
“Se hizo para obligarnos a reciclar, la intención no es mala porque los residuos son un problema”, apuntaba Bueno, para criticar que el Gobierno central la hubiera hecho sin consenso con los Ayuntamientos y sin definir “cómo tenemos que hacerlo” cuando ahora “van a pagar justos por pecadores”. “Somos nosotros los que tenemos que explicar a los ciudadanos que tenemos que poner ese impuesto”, aseguraba, apuntando que sería interesante que los ayuntamientos se pusieran de acuerdo en su aplicación a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y también en la española, en la FEMP.
