Según ha precisado la delegada, la Janda es una de las zonas de la provincia con mayor número de puntos con riesgo por inundación, 29. Con este estudio, que comprende los municipios de Alcalá de los Gazules, Medina Sidonia, Vejer de la Frontera, Benalup, Conil de la Frontera y Barbate, así como Chiclana y Tarifa, se definen los criterios hidráulicos que servirán de base para una ordenación territorial que preserve el medio y minimice los riesgos por inundaciones.
Además, el estudio recoge una delimitación aproximativa del Dominio Público Hidráulico y sus zonas de servidumbre. Por primera vez desde la aprobación de la Ley de Aguas en 1985 se dispone de un límite estimativo del Dominio Público Hidráulico de ríos y arroyos para toda la zona de La Janda.
Como resultado final, el estudio concluye que para hacer frente al fenómeno de las inundaciones es necesario llevar a cabo una serie de medidas de prevención y corrección del riesgo. Las primeras consisten en la delimitación del dominio público hidráulico, la integración de las zonas inundables en el planeamiento urbanístico, la implantación de sistemas de predicción y la restauración hidrológico forestal y de riberas.
En cuanto a las medidas de corrección el Estudio identifica 69 posibles actuaciones, que en su mayor parte consisten en la remodelación de puentes y obras de paso para mejorar la capacidad de desagüe de los cauces, muros de defensa, reubicación de viviendas e invernaderos fuera de zona inundable y la recuperación del Dominio Público Hidráulico.
El documento ha sido distribuido entre todas las administraciones competentes en la materia, como el Ministerio de Fomento y Medio Ambiente, Rural y Marino, Obras Públicas, los ayuntamientos afectados o departamentos con responsabilidad en Carreteras. Sus determinaciones se incluyen en la cartografía que está disponible en el portal de internet de la Agencia Andaluza del Agua y el ciudadano que esté interesado puede consultar el documento en la sede de la Agencia Andaluza del Agua.
Por su parte, Silvia López ha explicado la complejidad del fenómeno de las inundaciones y la falta de efectividad de los enfoques tradicionales, con soluciones como presas, encauzamientos o motas que no han logrado solventar el problema.
En este sentido, tanto La Directiva sobre evaluación y gestión del riesgo de inundación como la Ley de Aguas de Andalucía promueven un cambio de modelo, basado en la gestión del riesgo y la ordenación del territorio como instrumentos fundamentales para mejorar la protección de la población y su calidad de vida. De forma paralela, desde el ámbito científico y técnico empieza a reconocerse que las crecidas forman parte del funcionamiento natural de los ríos y son necesarias para alcanzar su buen estado ecológico, que es uno de los principales objetivos de la Ley de Aguas de Andalucía.
Bajo estas premisas, la Agencia Andaluza del Agua inició la redacción de una serie de estudios hidráulicos para la delimitación y ordenación de las zonas inundables del territorio andaluz. En la actualidad, un total de 12 estudios se encuentran redactados o en ejecución, destacando por su incidencia en la provincia de Cádiz los de las cuencas del Guadiaro, Guadalete y Barbate, en fase de redacción, y los de la Costa Oeste de Cádiz y La Janda Litoral, ya finalizados.
