El acto de enterrar a los muertos es una práctica que ha existido en diversas culturas y sociedades a lo largo de la historia de la humanidad, y hay varias razones fundamentales detrás de esta tradición.
Estamos estudiando acciones jurídicas, pero no queremos, ni pretendemos ir en contra del Obispado y de la Iglesia, instituciones que tienen nuestro máximo respeto. Lo que queremos es alcanzar un acuerdo en condiciones y del que se vea beneficiado el conjunto de la ciudadaníaEnterrar a los muertos es una forma de mostrar respeto por quienes han fallecido. Es una manera de honrar la vida que llevaron y marcar su paso por este mundo. Además, antes de la comprensión de las prácticas sanitarias modernas, la inhumación de los cadáveres ayudaba a prevenir la propagación de enfermedades transmitidas por cadáveres en análisis, cuestión que sigue siendo relevante en situaciones de desastres naturales o epidemias.
No podemos olvidarnos que en muchas religiones y culturas, se cree que el cuerpo y el alma están conectados, y el acto de enterrar a los muertos puede ser una parte importante del proceso de transición del alma a la vida después de la muerte. Además, se cree que proporciona paz y descanso eterno al fallecido.
De ahí que la inhumación puede tener un profundo significado simbólico y ritual. Por otro lado, las tumbas y monumentos funerarios sirven como lugares para recordar y mantener viva la memoria de los seres queridos que han fallecido.
Y es que la tradición de enterrar a los muertos a menudo se transmite de generación en generación y se convierte en parte de la identidad cultural y la historia de una comunidad, de ahí que en muchas sociedades, la inhumación está regulada por leyes y reglamentaciones. Estas normativas pueden establecer cómo, cuándo y dónde se deben enterrar a los muertos.
En esta nuestra sociedad, la costumbre es enterrar a nuestros seres queridos en cementerios, los cuales tienen una larga historia que se remonta a diferentes culturas y períodos de tiempo.
La práctica de enterrar a los muertos se remonta a tiempos prehistóricos. Las culturas antiguas, como los egipcios, los romanos y los griegos, tenían sus propias formas de enterrar a los muertos. Los egipcios construyeron tumbas monumentales, como las pirámides, para sus faraones, mientras que los romanos tenían necrópolis a las afueras de las ciudades.
Con la difusión del cristianismo en Europa, la actitud hacia la muerte y el entierro cambió. Los cementerios se convirtieron en lugares sagrados y se establecen reglas para su organización y mantenimiento. En la actualidad, los cementerios siguen desempeñando un papel importante en la sociedad, proporcionando un lugar para enterrar a los difuntos y honrar su memoria.
¿Negocio o función social y religiosa?
Toda esta parrafada es para contextualizar la siguiente información, para entender la importancia social y el arraigo de un acto, enterrar a nuestros cadáveres, que con el tiempo se ha convertido, lamentablemente, en un negocio y con ello se ha llegado a un punto en el que incluso en esos momentos tan duros, íntimos y profundos, hay muertos de primera y de segunda.
Aquí, en nuestro pueblo, los precios para realizar cualquier gestión en el Cementerio han aumentado en los últimos meses, generando un malestar más que justificado en muchas familias. De hecho, se están llevando a cabo varias iniciativas particulares como protesta, sobre todo una recogida de firmas en la que se denuncia tales cambios.
Sobre este tema hemos hablando con varias fuentes, la mayoría municipales. Así, nos señalan que “el Ayuntamiento tuvo conocimiento a través de mensajes, de particulares y de información recaba en redes sociales, del malestar de algunas familias que han visto cómo se les ha subido el importe de la cuota de mantenimiento, así como el aumento del precio de gestiones como la inhumación o la colocación de una urna en un nicho familiar. También se hizo eco de la intención del Obispado de Cádiz de habilitar una oficina de cobro de esas cuotas y pagos dentro del propio Campo Santo, a pesar de que, en Barbate, a diferencia de otras localidades, el mismo está a las afueras, con la consiguiente incomodidad que supone para las personas mayores.
El equipo de Gobierno se hizo eco de que esa situación derivó en una recogida de firmas e incluso en la organización de una manifestación, por lo que, de manera oficial, se puso en contacto con el Obispado para que les explicase de primera mano qué es lo que tenían previsto con el Cementerio de Barbate. Tras varias llamadas, finalmente cerraron una reunión con la Ecónoma del Obispado, que acudió junto a dos abogados de la institución.
Antes de cerrarse dicha reunión, el Ayuntamiento emitió un comunicado dirigido a la ciudadanía “con el objetivo de informar a la ciudadanía de los pasos que se están dando en base a la gestión del Cementerio municipal, dada la expectación e intranquilidad generada en la población”. El comunicado añadía que “aunque este Ayuntamiento no ha recibido ningún comunicado oficial ni por parte del Obispado, ni por parte de la Parroquia, parece ser que se pretende llevar a través del Obispado, existiendo, incomprensiblemente una autorización expresa por parte del Párroco de San Paulino, la gestión de este servicio”.
“Somos conocedores del malestar existente en la localidad y por ello queremos informaros que desde los correspondientes servicios municipales se está recabando toda la documentación y sus correspondientes informes jurídicos”, por lo que “no solo queremos hacernos eco de la indignación de la población, sino que además vamos a defender nuestro Cementerio y para ello no vamos a dejar de plantear todas las acciones necesarias, pero creemos firmemente que lo primero será ponernos en contacto con el Obispado, demostrando así el respeto que cualquier administración pública requiere, aunque no lo hayamos percibido para con nuestro Ayuntamiento y por extensión para el pueblo de Barbate”.
Un comunicado que “no sentó nada bien en el seno del Obispado”, aunque sí aceleró la reunión en la que se comunicó al Ayuntamiento que “no había problemas, que todo iba a seguir igual, que no hay una alarma de que el párroco haya renunciado a la gestión del cementerio”. Una gestión que recae, o recaía, en la Iglesia San Paulino. El Obispado insistió en que “no pasaba nada y que los precios habían aumentado conforme al IPC, e incluso por debajo de ese índice”.
Tras esa reunión, “el Ayuntamiento inició una investigación tanto sobre la situación de propiedad del suelo, como sobre los precios”.
La propiedad del suelo
En el transcurso de esa investigación, el Ayuntamiento constata que el Obispado, en 1983, realiza una inmatriculación (inscripción en el Registro de la Propiedad) de la parte antigua del Cementerio, unos 4.200 metros cuadrados, mediante un certificado del obispo Antonio Dorado Soto y en “base a la Ley Hipotecaria franquista, en su artículo 206, que faculta a las administraciones públicas a inmatricular fincas que crean que son de su pertenencia”, una ley de la dictadura “en la que la Iglesia figuraba como administración pública”, pero que en 1983 estaba desfasada ya que “España, con la aprobación de la Constitución y la llegada de la Democracia, era un Estado laico y aconfesional”.
Más tarde, “la parte antigua, en el PGOU de 1995, se designa como Sistemas Generales, ya que la Ley de Suelo obligaba a los ayuntamientos a destinar suelo para un cementerio y ofrecer ese servicio municipal, por lo que el suelo pasa a ser de Dominio Público”.
Los sistemas generales debe adscribirlos el Ayuntamiento porque “la iglesia es una institución pero no de carácter público”.
Así llegamos a la ampliación del cementerio, que se “realizó sobre Monte Público, copropiedad de Barbate y Vejer”. Para ese, tras aprobación plenaria en ambos consistorios y tras la firma de un convenio en el que Vejer podía construir un centro de interpretación ganadero en otra zona de Monte Público compartida, se autoriza dicha ampliación.
Al ser Monte Público, “el expediente tuvo que pasar por el Consejo de Gobierno de la Junta que resuelve primar el interés público y social de la ampliación por encima del interés forestal. Esa prevalencia se la da los ayuntamientos de Barbate y de Vejer, y además debe redundar en beneficio de la ciudadanía, tal y como recogían los acuerdos plenarios y el propio convenio firmado”. Así ha sido con las tasas que se cobraban hasta hace escasos meses.
El problema llega cuando el Obispado aprueba el pasado año un Reglamento de Nichos y Columbarios “que parece más de una empresa privada que de una institución sin ánimo de lucro como es la Iglesia, ya que no recoge ninguna medida social para personas y familias en situación de vulnerabilidad que puedan tener problemas de pago”.
Comunicado de la Parroquia
A partir de ahí, el Ayuntamiento comienza a recibir quejas de personas que han pedido “presupuesto para la inhumación o cualquier otra gestión como la introducción de urnas en nichos”. Quejas en referencia a que en febrero “añadir en un nicho familiar una urna de incineración pasa de costar 120 euros a 551 euros, mientras que la inhumación costaba en noviembre del pasado año 350 euros y en julio del presente año ya costaba cerca de 700 euros… un aumento muy por encima del IPC”.
Y es que “parece ser que el Obispado ha constituido una Sociedad Limitada, Santa Marta SL, para que administre los cementerios que gestiona la Diócesis en la provincia de Cádiz”.
Entre tanto, el párroco de San Paulino, Antonio Pablo Jiménez, contesta al comunicado del Ayuntamiento y sale al paso de “los rumores sobre la cesión de la gestión del Cementerio a favor de la Diócesis de Cádiz y Ceuta”. El comunicado, leído ante sus fieles y parroquianos, explica que “desde tiempo inmemorial, la iglesia se ha preocupado de ofrecer a sus fieles un lugar sagrado para sus enterramientos” y la normativa eclesiástica “reconoce el derecho de las parroquias a poseer su propio cementerio católico”, norma que permite que “en poblaciones donde no exista otro cementerio, como en Barbate”, se puedan realizar también enterramientos a personas no católicas”.
Así, la Parroquia de San Paulino, desde el siglo XX, “viene administrando… su cementerio parroquial, y así continuará porque no se ha producido ningún cambio en la titularidad del cementerio, ni cesión alguna en la gestión”, una gestión que afronta “con sus propios medios personales y materiales, sin ningún tipo de ayuda o subvención” pública. De hecho, “la ampliación” la tuvo que afrontar la parroquia “con sus propios fondos y un importante préstamos bancario”.
La Parroquia “va a incrementar sus medios personales y materiales para mejorar la gestión y continuar prestando este importante servicio a toda la ciudadanía”, por lo que, en resumen, “la Parroquia sigue siendo la titular y administradora del Cementerio… no hay motivo de alarma” porque “no se ha producido ninguna cesión de la titularidad o gestión”, solo que “la Parroquia va a contar con el apoyo de los técnicos del Obispado para que le asesoren en determinados asuntos de interés “ para el Cementerio.
Un comunicado que en opinión de algunas fuentes municipales, “falta un poquito a la verdad y es que creemos que, como ya ha ocurrido en Vejer y en Medina, el párroco sí ha renunciado a la gestión del cementerio de Barbate (no es parroquial) y que desde el Obispado se ha hecho cargo a través de una empresa… y eso que en la reunión nos dijeron que no había problemas, pero sí que los hay”.
No es parroquial, es de Barbate
No es “cementerio parroquial, es el cementerio de Barbate”. Esta es una afirmación que se realiza desde el Ayuntamiento y que forma parte de la estrategia a seguir de cara a dar solución a la actual problemática alrededor de la gestión, sobre en cuanto a la “subida de los precios”.
Así, afirman dichas fuentes municipales que “la inmatriculación de 1983 es una doble inmatriculación, es decir, se registró una finca que ya estaba inscrita en nombre del Ayuntamiento de Barbate”. Esa irregularidad “ya se ha puesto en conocimiento mediante escrito al registrador de la Propiedad, advirtiéndole de dicha circunstancia. Y el registrado ha realizado una anotación en la finca del Obispado y suponemos que ya ha abierto el expediente de acuerdo con el artículo 209 de la Ley Hipotecaria”.
El Ayuntamiento “lo que quiere es dejar claro que hoy por hoy, el suelo del cementerio es propiedad suya. La gestión la lleva la Parroquia de San Paulino aunque no hay una figura jurídica que la regule mediante ninguna concesión. Fue un acto quizás demasiado permisivo, sí, pero de buena voluntad por parte del Ayuntamiento”.
Desde el Ayuntamiento se considera que “no se está haciendo un uso social, ni caritativo, ni propio de una entidad con ánimo de lucro, de ahí que entre las vías a seguir para evitar que sea solo un negocio, se está estudiando la vía jurídica”.
Hay un ejemplo de “una mujer cuyo marido murió fuera de Barbate. El Consistorio costeó el traslado del cadáver pero la Iglesia le ha obligado a pagar los cinco años de alquiler, por lo que ha tenido que pedir el dinero a sus familiares y amigos para afrontar dicho pago a la Parroquia”.
E insisten, “los 8.000 metros cuadrados de suelo sobre el que se asienta el Cementerio pertenecen al Ayuntamiento y están inscritos. Estamos estudiando acciones jurídicas, pero no queremos, ni pretendemos ir en contra del Obispado y de la Iglesia, instituciones que tienen nuestro máximo respeto. Lo que queremos es alcanzar un acuerdo en condiciones y del que se vea beneficiado el conjunto de la ciudadanía”.
Un acuerdo que “puede pasar porque la tasa la implante el propio Ayuntamiento a través de una Ordenanza Municipal. No pretendemos tirar por tierra a la Iglesia como institución, ni a los sacerdotes, ni a su labor social tan importante en muchos casos. Lo que ocurre es que es una institución sin ánimo de lucro, social y que no está, en nuestra opinión para hacer negocios”.
Respecto al silencio que ha mantenido el Ayuntamiento y su gobierno respecto a esta tema, las fuentes consultadas señalan que “es el normal porque lo primero es contar con toda la información y lo segundo es mantener una vía abierta con el propio Obispado”, a pesar de que “ese silencio se ha malinterpretado y algunos vecinos y vecinos han pensado que no le interesaba el tema y que no trabaja para darle una solución. Nada más lejos de la realidad, se trata de un silencio prudente y necesario”.
De hecho, “existe preocupación e incluso, aunque no de forma pública, apoya la recogida de firmas iniciadas con el objetivo de darles registro de entrada a través de la Secretaría Particular del Ayuntamiento” porque “se demuestra que cuentan con el respaldo de la ciudadanía a las medidas que se quieren adoptar”.
