Así se deduce de un informe al que ha tenido acceso Europa Press, aportado por la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el juez Baltasar Garzón, dentro del sumario 4/08, que investiga al PCTV. Asimismo, este documento también obra en poder del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que tramita parte de esta causa en lo relativo a miembros del que fuera grupo parlamentario del PCTV antes de su ilegalización, por su calidad de aforados.
En este documento se recoge como la abogada abertzale, miembro de la mesa nacional de la ilegalizada Batasuna desde el 25 de marzo 2006, mantuvo al menos tres conversaciones entre el 2 de junio de 2006 y el 6 de junio de 2007 con Mireia Unamuno Unzurrunzaga, asesora del grupo parlamentario Ezker Abertzalea, formado por los parlamentarios de PCTV.
Las instrucciones en relación a De Juana Chaos se producen concretamente el 8 de septiembre de 2006 cuando, según el documento "Jone habla con Mireia Unamuno para darle instrucciones en relación a una resolución adoptada contra el preso de ETA Iñaki De Juana Chaos". "A este respecto, Jone pregunta a Mireia si ya han hecho 'lo de la petición de Iñaki', a lo que ésta contesta que no porque estaba esperando a hablar con ella", explica el informe.
"Acto seguido, la mahaikide --Goirizelaia-- le indica que hay que denunciar 'que la resolución no es de ley, segundo que hay que dejarle en libertad, y tercero que la condena está llena de castigo político...[...] le sean respetados los derechos mientras es puesto en libertad y que le vaya a ver una comisión...'", añade el documento policial.
"Como se puede observar, Jone conmina a Mireia sobre las directrices que deben guiar la acción política del Grupo Parlamentario en lo referente a las posturas a adoptar sobre la situación de Iñaki De Juana Chaos, quien acaba de ser sentenciado a 12 años de prisión por la Audiencia Nacional en relación a dos artículos publicados en el diario Gara", sentencia el informe.
Asimismo, en esta misma conversación iniciada por la abogada a través de una llamada "desde su teléfono móvil a las 12.37 horas, Jone cambia de asunto y en relación con una movilización en la que ha tenido que intervenir la Ertzaintza, aconseja a Mireia que se 'debe ir a por el PNV y a por el alcalde, que lo de Balza es colateral'".
"RESPONSABILIDAD COMPARTIDA ENTRE GOBIERNO Y ETA"
La última llamada telefónica fue efectuada por la abogada "desde su despacho a las 16.49 horas" del 6 de junio de 2007, "justo un día después de la difusión del comunicado de ETA dando por finalizado el alto el fuego". Según este documento, "Jone llamó al Parlamento, comunicando con Mireia, comentándole la necesidad de realizar un acto el viernes --dos días después-- sobre la situación". "Jone comenta sobre las responsabilidades compartidas entre el Gobierno y ETA en la ruptura del 'alto el fuego'".
La primera conversación de la que tienen conocimiento las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se produce el 2 de junio de 2006 cuando Goirizelaia se pone en contacto "desde su teléfono móvil a las 9.50 horas" con su nexo en el PCTV, "preguntándole si ha recibido 'ciertas cosas' que le ha enviado contestando esta (Unamuno) afirmativamente".
"Entre las cosas que habría recibido se encontrarían 'las denuncias', conminándoles a emprender una iniciativa parlamentaria en contra de los controles de la Guardia Civil. Comenta que hay que reflejar los datos generales de cuántas denuncias, cuantos controles, qué ocurre con ellos, etc.", explica el documento.
En ese sentido, el informe explica como "en ese contexto, días más tarde, el 15 de junio de 2006, el diario Gara editó un artículo en euskera titulado 'Ezker Abertzalea ha pedido que se quiten los controles'".
DyJ PIDE SU IMPUTACIÓN
Precisamente, la asociación de víctimas Dignidad y Justicia ha remitido un escrito a la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) solicitando que cite a la abogada Jone Goirizelaia, en calidad de imputada, para que declare en la causa en la que se investiga la posible pertenencia a ETA-Batasuna de miembros del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV-EHAK).
El TSJPV tramita parte de esta causa, que inició el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en lo relativo a miembros del que fuera grupo parlamentario del PCTV antes de su ilegalización, por su calidad de aforados. Hasta ahora, cuatro personas han declarado en calidad de imputados y otras dos como testigos ante esta instancia judicial.
En su escrito, Dignidad y Justicia justifica su petición en el contenido de este informe que, en su apartado 3 -'Vinculaciones detectadas entre Batasuna y el PCTV-EHAK'- analiza la intervención de los teléfonos de la abogada habitual de miembros de ETA y de Batasuna.
