Más de 3.100 juicios suspendidos (3.103 a fecha de 22 de marzo) y casi 9.000 actuaciones judiciales en el camino. Este es el balance que ha dejao en la provincia de Cádiz los dos meses de huelga de los letrados de la administración de justicia, los antiguos secretarios judiciales . El colectivo, compuesto por 120 profesionales en la provincia de Cádiz, ha respaldado de forma unánime el acuerdo suscrito con el Ministerio de Justicia en el día de ayer que ponía fin al paro indefinido que este cuerpo de 4.000 funcionarios ha llevado a cabo a nivel nacional, con unos servicios mínimos de casi el 40% que no han podido evitar el colapso. El propio decano del Colegio de Abogados de Cádiz, José Adolfo Baturone, cifraba días atrás en un mínimo de año y medio el tiempo que tardará la provincia en volver a la “normalidad”. En este sentido, tal y como apunta el delegado provincial del Colegio Nacional de Letrados, Juan Alberto Rojas, “los graves perjuicios causados a la ciudadanía” han sido determinantes a la hora de “apoyar” el acuerdo, si bien, los letrados judiciales de la provincia consideran “que no ha sido todo lo satisfactorio que queríamos”. En concreto, el acuerdo contempla una subida salarial entre 430 y 450 euros mensuales en concepto de adecuación por carga de trabajo asumida tras la modificación de la ley procesal en 2009, por la que se le atribuyeron funciones hasta entonces solo realizadas por los jueces (resolución de divorcios, ejecución de hipotecas, etcétera).
En cualquier caso, no parece que los conflictos judiciales vayan a acabar aquí, a tenor del comunicado remitido ayer desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración de JusticiA (STAJ). Considera “indignante” que durante buena parte de 2021 “estuviésemos peleando con el Ministerio una subida salarial digna para todos los funcionarios de ámbito no transferido”. Un aumento que finalmente se logró y que ascendía a casi 190 euros mensuales “para todos, del que también se beneficiaron los letrados”. Ahora, entienden que el Ministerio “rompe ese equilibrio”, por lo que exigen “un trato igual” y que si se trata de reconocer la retribución por unas funciones que, “dicen, han asumido los LAJs”, debe reconocerse también que la mayoría de ellas “se desempeñan de forma efectiva por los funcionarios de los Cuerpos Generales”.
Por ello, exigen a Justicia que se convoque la mesa general de negociación y avisan de que se movilizarán en una acción conjunta con el resto de sindicatos si no se negocia un aumento salarial para todos los funcionarios de los Cuerpos Generales (gestión, tramitación y auxilio) para reconocer sus funciones “reales” .
