Ante esta situación, la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) presentará una queja al Defensor del Pueblo y emprenderá acciones judiciales, convencida de que existe “base suficiente” para recurrir el Real Decreto Ley de Racionalización del Gasto Sanitario, ha explicado su presidente, Fernando Redondo.
Gracias a esta norma, aprobada el pasado 26 de marzo en Consejo de Ministros, Sanidad prevé reducir en 1.500 millones de euros el gasto sanitario (rebajando el precio de los medicamentos genéricos en un 25%, entre otras medidas).
Aunque los nuevos tramos de facturación y márgenes de beneficios previstos aumentan “ligeramente” la rentabilidad de las farmacias, ello “queda totalmente anulado” por el recorte del 12% del gasto y la subsiguiente caída de las ventas, ha explicado Enrique Granda, uno de los autores del análisis ayer presentado sobre el impacto de la norma.
Entre los aspectos del real decreto ley que “más daño” causarán a las farmacias está la creación de “nuevos espacios de dispensación (hospitales)” de los medicamentos de diagnóstico hospitalario, ha añadido el presidente de la patronal.
Ello perjudicará también a los usuarios, sobre todo si viven en el ámbito rural, ya que tendrán que desplazarse hasta un hospital en lugar de elegir libremente la oficina de farmacia que deseen.
A esto se suma, ha advertido Redondo, el que la reducción del precio de los medicamentos genéricos conduzca a los fabricantes a abandonar su producción por su escasa rentabilidad.
En este contexto, ha recordado que los farmacéuticos siempre han creído en los genéricos como “solución estructural” para contener el gasto, sin embargo “habría que actuar también sobre la demanda, no sólo sobre la oferta”, ya que en los últimos diez años las recetas han crecido un 50% y, por consiguiente, sube el gasto.
