La Audiencia de Almería va a acoger el próximo miércoles el juicio contra el alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres (PP), quien se enfrenta a una petición fiscal de dos años de cárcel y 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público en el ámbito local acusado de permitir "con deliberada pasividad" la apertura de un establecimiento de comida rápida en el municipio "a sabiendas" de que el local carecía de licencia de primera ocupación y, por tanto, de apertura.
El juicio llega tras su suspensión en noviembre del pasado año debido a un accidente de motocicleta sufrido por el abogado de la acusación particular, lo que obligó a posponer la vista oral, que posteriormente ha sido también desplazada con respecto a la fecha fijada nuevamente.
Según indica el Ministerio Público en su escrito de calificación provisional, Torres, quien en el momento de los hechos ostentaba también las competencias delegadas de Urbanismo, era "plenamente consciente" cuando asistió en su condición de alcalde al acto de inauguración de que el local "carecía" de licencias.
Subraya que, de hecho, hasta dos años después y hasta un mes después de que en octubre de 2018 fuera desalojado de la Alcaldía por una moción de censura, el expediente de solicitud de permisos "estuvo paralizado" y alude a un informe de un técnico municipal que ponía de manifiesto que el establecimiento "incumplía las condiciones técnicas para obtener las licencias ya que había que corregir el saneamiento y las redes pluviales, entre otras deficiencias".
"Siendo conocedor de estas irregularidades, pero tratando de obtener popularidad y rentabilidad política con la apertura bajo su mandato, permitió con su deliberada pasividad el ilegal inicio de la actividad", reprocha el fiscal, quien añade que, posteriormente, "omitió conscientemente su deber de promover la puesta en marcha del procedimiento administrativo correspondiente para así subsanar la situación".
Al margen de las penas de prisión e inhabilitación, interesa multa de 18 meses a razón de 12 euros al día y matiza de que, en caso de que se aprecie el delito subsidiario de prevaricación urbanística por omisión, solicita solo las penas de inhabilitación para empleo o cargo público.
En el procedimiento sobre la apertura de la hamburguesería también hay acusación particular, que califica los hechos en la misma línea que la Fiscalía pero interesa dos años de cárcel, 24 meses de multa a razón de diez euros y la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
El alcalde se ha pronunciado en varias ocasiones en relación a este asunto bajo el convencimiento de que "todo estaba acorde a la ley" por lo que confía en un pronunciamiento favorable tras el juicio al entender que la causa "fue articulada con informaciones falsas y malintencionadas para dañar su honor y credibilidad, en una operación de acoso y derribo por parte del PSOE de Huércal de Almería, que comenzó con una moción de censura".
