Rechazan la petición de nulidad del caso 'Ballena Blanca'

El fiscal Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, ha rechazado las cuestiones previas sobre el caso "Ballena Blanca", que "no implican la nulidad de la causa", y ha defendido una instrucción "correcta" desde el punto de vista procesal.

El ministerio público se pronunció así en la segunda sesión del juicio sobre esta trama abierta a raíz de la que fue la mayor operación policial contra el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico en España.

López Caballero aseguró que no ha habido ni una sola resolución por parte del juez instructor que no haya sido objeto de los oportunos recursos y del correspondiente debate y criticó que la instrucción parezca "un cúmulo de deficiencias" por las críticas de los abogados defensores.

El fiscal defendió la imparcialidad del juez instructor del caso, Miguel Ángel Torres, y añadió que las críticas de una defensa sobre la condecoración que éste recibió del Ministerio del Interior "son argumentos a rechazar".

Sobre la calificación de "investigación meramente prospectiva" seguida durante el proceso, el ministerio público dijo que la hipótesis inicial del caso estaba basada en "hechos objetivos acreditados" y que se extrajo de bases de datos y de determinados registros públicos.

En cuanto a las críticas por la falta de control del secreto de las actuaciones expuesta por algunas defensas, el fiscal manifestó que se trata de una cuestión ya resuelta por la Audiencia Provincial y entiende que no es causa de nulidad de las actuaciones.

Por su parte, la abogacía del Estado, también presente en el juicio, solicitó que sean desestimadas las cuestiones previas y rechazó que las actuaciones afecten al derecho a la defensa.

Señaló que el registro en los despachos de abogados o la intervención de las comunicaciones son medidas "legítimas y válidas", por lo que rechaza la nulidad de las pruebas.

Proceso inquisitorial e impropio

Por su parte, el abogado José Carlos Aguilera, defensa de uno de los acusados en el caso "Ballena Blanca" , calificó el proceso como "casi inquisitorial" e "impropio" de un estado democrático.

El defensor del notario Álvaro Rodríguez Espinosa aseguró que, con la detención de su cliente, se ha violado el derecho a la libertad, que ha tenido consecuencias en la vida del afectado y que supone una vulneración "latente, escandalosa y flagrante".

Aguilera criticó que la Fiscalía no haya hecho nada por respetar los derechos fundamentales y las libertades públicas de los sometidos en el proceso, que considera "la mayor subversión del orden constitucional".

En su opinión, se han producido "detenciones indiscriminadas", ya que de las 31 personas que se ordenó detener en un principio, sólo se sientan quince en el banquillo.

Además, el abogado dice no haber encontrado ninguna resolución que justifique las detenciones, así como la puesta en libertad de otros imputados, y pidió la nulidad del auto de 7 marzo de 2006 que contempla la detención de su patrocinado.

Por otra parte, el abogado José Antonio Choclán, defensa de Aki Kujala, otro de los acusados en el caso, criticó la "manifiesta parcialidad" del juez instructor y del ministerio público y condenó que reciban consideraciones por parte de la Policía durante una instrucción.

Choclán se refirió de esta manera a la distinción al juez Miguel Ángel Torres y al fiscal Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, con la cruz al mérito policial con distintivo rojo concedida por el Ministerio del Interior por los casos Ballena Blanca y Malaya.

Según el abogado, ni el juez ni el fiscal han pretendido descubrir la verdad material del caso y se ha cometido la "infracción de reglas constitucionales básicas".

Además, dijo que la Policía "tuvo que inventarse" circunstancias sobre su cliente, como que éste había sido condenado por delitos económicos en 1997.

La operación "Ballena Blanca" se destapó en marzo de 2005 con la detención de medio centenar de personas de varias nacionalidades por su presunta implicación en una red que supuestamente había blanqueado en Marbella más de 250 millones de euros y a la que se intervinieron recursos por 350 millones y más de 250 fincas.

Entre otros fueron detenidos el titular del bufete "Del Valle Abogados", Fernando del Valle, a quien se considera el "cerebro" de la red -en libertad bajo fianza de 600.000 euros tras pasar siete meses en prisión-, y tres notarios.

Según la Fiscalía, Del Valle diseñó un entramado internacional de sociedades con conexiones en Turquía, Finlandia, Argelia, Suecia, Irán, Francia y Marruecos y el propio imputado tenía participación en 194 sociedades extranjeras, la mayoría de ellas en Delaware (EEUU) y el resto en paraísos fiscales como Gibraltar, Isla de Man, Panamá e Islas Vírgenes Británicas.