La Policía Nacional ha detenido en Ecuador a una ciudadana colombiana que figuraba entre los diez fugitivos más buscados por este cuerpo de seguridad y la Europol por presuntamente pertenecer a una organización criminal internacional que traía a mujeres desde su país a España, en concreto a una vivienda de Elche (Alicante), para prostituirlas en condiciones abusivas durante 24 horas al día, toda la semana, y sin derecho a ningún descanso.
En concreto, la arrestada está acusada de los delitos de trata de seres humanos con fines sexuales, tráfico de drogas y blanqueo de capitales. La mujer residía en la ciudad ilicitana junto a parte de sus familiares, pero ante los cargos a los que debía enfrentarse, finalmente decidió regresar a su país natal, donde tenía el apoyo de la organización para ocultarse de la acción de la justicia, según ha informado la Policía en un comunicado.
La mujer fue detenida en Machala (Ecuador) el pasado 28 de octubre por integrantes de OCN-Quito desplazados a la localidad. Con su detención se eleva a cuatro la cifra de fugitivos que ya han sido localizados desde que la Policía Nacional publicase el pasado mes de mayo la lista de los diez prófugos más buscados.
El operativo arrancó cuando, a principios del mes de enero de 2022, agentes de la Sección de Fugitivos de la Policía Nacional tuvieron conocimiento de la reclamación judicial interpuesta sobre esta mujer por los delitos de trata de seres humanos con fines sexuales, delito de tráfico de drogas y delito de blanqueo de capitales.
La detenida pertenecía presuntamente a una organización criminal internacional dedicada al tráfico de personas con fines de explotación sexual que operaba desde Colombia y cuyo destino final era España. La red ofrecía a las víctimas venir a España a cambio de 1.500 euros, cantidad que tenían que devolver ejerciendo la prostitución en un piso regentado por ella, sin especificar las condiciones en las que realizarían esta actividad.
Para el viaje a España, las víctimas tenían que ponerse en contacto con otro miembro de la organización que les proporcionaba los billetes de avión, reservas de hotel y documentación fraudulenta.
Una vez en España, eran trasladadas a un piso en la localidad alicantina de Elche, gestionado por la detenida, y donde debían ejercer la prostitución. Allí se les informaba de que la deuda contraída con la organización ascendía a 3.000 euros.
Las condiciones en las que las víctimas tenían que trabajar como prostitutas eran abusivas, pues debían estar disponibles 24 horas al día, siete días a la semana, sin derecho a ningún descanso. Solo podían salir del piso una hora al día para hacer recados personales, pero si un cliente las llamaba, tenían que volver al piso.
Además, compartían las habitaciones donde realizaban servicios sexuales y el dinero que ganaban les era retirado para saldar la deuda. La detenida no solo se encargaba de la vigilancia de las víctimas, sino que además suministraba cocaína al piso, ya que se trataba de otro de los servicios que ofrecían a los clientes.
Por estos hechos, la fugitiva se enfrentaría a una pena máxima de 32 años de prisión, dado que en la actualidad no ha podido celebrarse el juicio, ya que se encontraba, hasta la fecha, en paradero desconocido para las autoridades judiciales españolas.
Los agentes averiguaron que la detenida había estado llevando una vida totalmente integrada en Elche y que había conseguido trasladar hasta allí a parte de sus familiares, pero que debido a los cargos a los que debía enfrentarse, decidió regresar a Colombia, donde tenía el apoyo de la organización para ocultarse de la acción de la justicia.
Por todo ello se iniciaron los mecanismos de cooperación internacional a través de los canales de las Oficinas Centrales Nacionales de Madrid y Bogotá, para conocer que efectivamente esta persona se encontraba en Colombia.
Los investigadores solicitaron la colaboración de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) de la Policía Nacional de Colombia, a través del Oficial de Enlace de la UDYCO Central de la Policía Nacional, para que se realizaran gestiones relativas a conocer si la reclamada se encontraba en territorio colombiano, al mismo tiempo que se solicitaba al juzgado reclamante que se autorizara la correspondiente orden internacional de detención.
De las investigaciones realizadas por la Policía Nacional de Colombia se pudo determinar que efectivamente se encontraba en aquel país, en una zona de difícil acceso en el interior de la selva, en una localidad muy próxima a frontera de Ecuador.
Además, se tuvo conocimiento de que la fugitiva tomaba numerosas medidas de protección, entre las que se encontraba desplazarse en ocasiones a territorio ecuatoriano, donde al parecer también contaba con una amplia red de colaboradores que le proporcionaba cobertura para su ocultación.
Además, durante el desarrollo de la investigación, tras tener conocimiento de que la fugitiva podría estar moviéndose entre Colombia y Ecuador, agentes de la Sección de Fugitivos y de la OCN-Madrid han estado cooperando en el intercambio de información de forma trilateral (España-Colombia-Ecuador), durante el desarrollo de los encuentros celebrados en Buenos Aires en el mes de noviembre de 2022.
Fruto del intercambio de información se pudo establecer que la fugitiva se había ubicado definitivamente en Ecuador, por lo que los investigadores comenzaron a realizar intercambio de información, que dio como resultado su localización en la localidad de Machala, donde un equipo de OCN-Quito ha conseguido su detención.
