El Sindicato Médico de Sevilla (SMS), una de las entidades convocantes de la huelga de los facultativos especialistas del área de Psiquiatría "para exigir el cese de los desplazamientos forzosos a Osuna", se ha retirado de la protesta al entender que, una vez se han alcanzado los fines fundamentales perseguidos con la huelga, "pierde su fundamento básico".
Así lo anuncia en un comunicado en el que recuerda que la acción de protesta estaba fijada para los días 31 de marzo y 7 de abril, y a partir del día 18 de ese mes, la huelga tendría "carácter indefinido".
La protesta había sido convocada, además, para reclamar el fin de la precariedad laboral que sufren los psiquiatras del Hospital de la Merces. "El primero de estos objetivos atañe al conjunto de nuestro colectivo, pues los desplazamientos forzosos amenazan potencialmente a todos los facultativos andaluces", añade el comunicado.
El presidente del Sindicato Médico de Sevilla, Rafael Ojeda, recuerda que desde antes de la convocatoria de huelga, ha llevado a cabo negociaciones con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "con el fin de impedir estos traslados forzosos y de mejorar la situación de la Unidad de Salud Mental de Osuna". "Gracias a esta negociación, hemos conseguido que el SAS publique unas nuevas Instrucciones en las que se garantiza que no será desplazado ningún facultativo que exprese su oposición al desplazamiento".
Asimismo, "hemos obtenido el compromiso del SAS de mejorar las condiciones de trabajo de la Unidad de Salud Mental de este centro hospitalario, comenzando con la apertura de las ofertas de nombramientos de larga duración en este hosputal. En los próximos días seguiremos en contacto con el SAS para traducir este objetivo en logros concretos", asegura Ojeda.
Con anterioridad se habían producido concentraciones "contra la intención del SAS de cubrir las ausencias de psiquiatras" del mencionado hospital "con facultativos desplazados de manera obligatoria" desde otros centros de la provincia, como la que tuvo lugar en pasado 23 de febrero en los aledaños del Hospital Macarena.
El Sindicato había impugnado esa medida administrativa al considerar que quedaba "manifiesta la extrema agresión que suponía a los derechos laborales más básicos de los médicos",
