Cuando de negociación colectiva se trata empresas y personas trabajadoras deben calibrar bien las consecuencias de la misma. Por un lado la parte “social”, así calificada para quienes trabajan en las empresas y por otro la parte empresarial. Un inciso para advertir que no se explica suficientemente por qué se le denomina a quienes trabajan “parte social”. Como si las empresas no desempeñaran un papel social de primer orden. Pero dejemos este asunto para seguir comentando esto de la Negociación Colectiva, en la que debe primar la viabilidad de la empresa, ya que una empresa cerrada nada tiene que negociar y quienes están en el paro tampoco.
En casi toda negociación colectiva importa y mucho conocer por ambas partes el flujo de los mercados y la gestión que en ellos hace la empresa, ya que de ello depende la viabilidad de la empresa que se trate. Es importante que la empresa sea transparente en los datos que debe aportar a la negociación para que la parte “social” pueda dimensionar adecuadamente lo razonable de sus pretensiones de mejora. Pero, salvo situaciones in extremis, los empresarios no están dispuestos a compartir información relevante. Eso sí, se le pide a las personas trabajadoras comprensión con la “delicada situación” de la empresa, con la situación de incertidumbre del momento, con la crisis de los mercados… Pero las cuentas de resultados nunca se presentan y menos aún la contabilidad que clarificaría que ingresos se obtienen y que gastos se generan. De esta forma nunca se negocia, siempre se impone. Alguien dirá que al final las partes firman acuerdos. Y evidentemente esto es así. Aunque cabe ponerlos en cuarentena ya que, en la inmensa mayoría de las ocasiones, quienes se ven amarrados por ellos, es decir las personas trabajadoras, no han tenido oportunidad de manifestarse. Este es otro elemento asociado a la llamada representación por delegación. Las elecciones sindicales otorgan a quienes participan un solo derecho: el de votar. Después, y por 4 años (que casualidad), pierden el derecho a decidir.
No todos los sectores de la negociación navegan por las aguas inciertas del mercado. Cuando la empresa tiene cautivo a un único cliente y este es la Administración Pública, la seguridad en sus cuentas está garantizada. Además esas empresas privadas al recibir dineros públicos adquieren, deberían adquirir mejor, una responsabilidad mayor si cabe en el cumplimiento contractual. Y como las Administraciones Públicas suelen establecer en los contratos las cantidades que deben ser destinadas a salarios, en este ámbito de la negociación colectiva deberían estar presentes. Porque es esa Administración Pública la que fija las cuantías que deben destinarse a la contratación de personal de las empresas privadas que prestan servicios públicos. En este caso para que sea limpia la negociación debería ser siempre a tres bandas. En el caso concreto de la negociación del convenio colectivo entre la empresa Sacyr Facilities y las personas que trabajan en la Limpieza Hospitalaria, la Administración Pública sólo se persona para “como buen cliente” e inconstitucionalmente fijar los servicios mínimos a las personas trabajadoras. Anacronismos de tiempos irracionales.
Fdo Rafael Fenoy Rico
