Apenas ser reelegido alcalde, de lo primero que ha hablado Espadas ante los medios de comunicación ha sido de la, a su juicio, necesidad de “actualizar” (eufemismo empleado para no decir “subir”) los sueldos de los concejales (incluido el suyo), ya que “sus retribuciones no se revisan desde que fueron fijadas hace ya veinte años, al contrario que en otros ayuntamientos”. Según Espadas, hay que “adaptar” (otro eufemismo) los emolumentos de los ediles al papel de Sevilla como cuarta ciudad de España.

Esta prioritaria preocupación de Espadas por subirse el suelo y subirlo a los concejales nos retrotrae a esos veinte años atrás que él cita, cuando en 1999 su correligionario Monteseirín lo primero que decidió tras ser elegido alcalde fue subirse la paga en un 22% (de 9 millones de pesetas, equivalentes a 54.091 euros, a 11 millones, unos 66.111 euros) para -dijo- equipararse a los regidores de Madrid, Barcelona y Valencia y a los funcionarios de mayor categoría del Ayuntamiento, que a diferencia de los políticos habían ganado su plaza por oposición y llevaban toda su vida profesional al servicio del Consistorio.

La pesetera primera medida de Monteseirín abrió los telediarios de las televisiones de la época y se formó tal escándalo político que a los pocos días, forzado por la dirección nacional del PSOE (Joaquín Almunia), se vio obligado a renunciar a los dos millones de pesetas más (12.000 euros) que quiso ponerse en nómina sincasi aterrizar en la Corporación municipal.

Con su habitual piel de cordero, Monteseirín trató en los años siguientes (fue alcalde durante doce) de inspirar lástima con la recurrente queja de que era uno de los alcaldes con menor sueldo de España. Lo que no decía era el truco al que recurrió: autonombrarse presidente de todas las empresas municipales y cobrar dietas por cada reunión, con lo que acabó redondeando sus ingresos a 100.000 euros, la cifra que se había marcado como objetivo.

Los criterios

¿Cuánto debe cobrar un alcalde y, por extensión, un político, ya sea concejal o presidente de gobierno? ¿Cuál debe ser el criterio? En una cuestión tan controvertida diré el que yo aplicaría: un político debería ganar el mismo dinero que ganara previamente a su elección como cargo público. De esta manera demostrarían eso de que van a la política a servir a sus conciudadanos y no a servirse de sus cargos, ni a enriquecerse. Por tanto, acorde con ese espíritu de entrega del que presumen, no deberían tener ninguna ambición de obtener mayores retribuciones, sino las mismas, porque estarían, por expresarlo así, en comisión de servicio en la Administración. Con este principio como norma, que considero como la prueba del nueve o del algodón para cualquier político, Espadas no debería cobrar como alcalde más que lo que cobraba como funcionario de la Junta, y por extensión lo mismo cabría exigir al resto de ediles del Ayuntamiento.

Espadas transmite el equívoco mensaje de que los sueldos de los concejales sevillanos no se actualizan desde hace veinte años. Inexacto. Él mismo empezó ganando como alcalde en 2015 un salario anual de 59.831 euros y, salvo error u omisión por mi parte, acabó el mandato ganando 61.033 (1.202 euros más); los ediles del gobierno municipal, han pasado de 50.269 a 51.646, al igual que los portavoces de los grupos políticos; y los concejales con dedicación exclusiva, de 34.604 a 35.299 euros.

Por tanto, sí se han revisado los salarios municipales. Otra cosa es si ha sido de forma suficiente. Y la verdad es que no, porque la subida acumulada ha sido del 2%, cuando el IPC acumulado del cuatrienio ha sido del 3,88%. Han perdido, pues, un 1,88% de poder adquisitivo.

Como los políticos no se van a aplicar el criterio de no ganar en la vida pública más de lo que ganaban en la vida privada para demostrar así su auténtica vocación de servicio y  que no vienen a enriquecerse, ¿cuál sería el criterio “objetivo” aplicable en su defecto? En este sentido recuerdo una conversación que mantuve con Chaves y Zarrías cuando eran los máximos mandatarios de la Junta de Andalucía. Me argumentaron que ganaban mucho menos de lo que deberían, habida cuenta de su responsabilidad al frente de la comunidad más poblada de España y por su gestión de los miles de millones de euros del presupuesto autonómico. Rememoré especialmente aquellas palabras cuando más de un decenio después, en el juicio por el caso de los ERE, trataron de eludir cualquier responsabilidad con el argumento de que no estaban al corriente de nada porque “no correspondía a su ámbito político de decisión”.

De sus declaraciones, se deduce que Espadas trata de vincular su sueldo y el de sus ediles al criterio demográfico, independientemente de sus titulaciones profesionales, experiencia y resultados de gestión y cualquier otra consideración técnica. Su tesis es que como Sevilla es la cuarta ciudad más poblada, deben cobrar en consecuencia. Pues bien, si tomamos como base los 688.711 habitantes de Sevilla y los actuales 61.033 euros de nómina de su alcalde, ha habido alcaldesas que han cobrado bastante menos de la cuenta, como la de Madrid, 102.000 euros (con una población de 3,2 millones y con el criterio demográfico debieron ser 285.644 euros), y la de Barcelona, 100.000 (debieron ser 143.593 euros). Y, por el contrario, otros que cobraron de forma desproporcionada al peso demográfico de sus urbes, como el de Valencia, 82.603 euros (le habrían correspondido 70.134), y el de Málaga, 64.062 (debieron ser 50.603).

El IPC

Vayamos de nuevo a 1999, esos veinte años atrás citados por Espadas, cuando el sueldo que tenía el alcalde de Sevilla al llegar Monteseirín era de 9 millones de pesetas anuales, equivalentes a 54.091 euros. Si el rechazo de la opinión pública le obligó a conformarse con ese dinero y no a incrementárselo en 12.000 euros, podemos considerar como aceptable para el conjunto de los sevillanos esa cantidad, la que percibía Soledad Becerril, como punto de partida.

Si aplicamos como criterio objetivo la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC), entre 1999 y 2018 la subida acumulada en España ha sido del 43,68%. En ese mismo periodo de tiempo el sueldo del alcalde ha llegado a los actuales  61.033 euros percibidos por Espadas, lo que significa un 12,83% más que hace veinte años. La conclusión es que ha perdido un 30,85% en comparación con el IPC.

Dicho de otro modo, para mantener el poder adquisitivo en relación con el encarecimiento de la cesta de la compra, el sueldo del alcalde, 54.091 euros en 1999, tendría que ser hoy de 77.718  euros. Por tanto, con estos dos criterios que podríamos calificar de objetivos (sueldo dado por válido en 1999 + IPC acumulado), la subida de salario de Espadas tendría que ser de un 27,32% (16.715 euros), hasta llegar a 77.718 euros anuales.

No entro a valorar (como medio en broma medio en serio le reprochaban a Serra Ferrer) la oportunidad o inoportunidad política de adoptar una decisión de este tipo a las primeras de cambio, en una ciudad con 67.103 parados y con siete barrios entre los quince más pobres de España.