Izquierda Unida Sevilla ciudad ha mostrado su "total apoyo" a las personas de la Corrala Utopía que van a ser juzgadas próximamente por la ocupación sin título alguno de un bloque deshabitado en la avenida de las Juventudes Musicales propiedad de IberCaja, del que fueron desalojadas ya hace año y medio, al tiempo que exige la absolución de todas las personas imputadas por esta acción, al entender que con este proceso se está tratando únicamente de criminalizar la lucha social por el derecho a techo.
IU, en un comunicado, condena y rechaza este nuevo intento por "perseguir a un colectivo vulnerable cuyo único delito ha sido pelear para que deje de haber tantas casas sin gente y gente sin casa en nuestro país, colocando en el centro del debate público el problema de la vivienda y la necesidad de afrontar con urgencia la situación de emergencia habitacional existente en la actualidad".
"Desde Izquierda Unida consideramos que, con estos juicios políticos, sólo se busca reprimir y castigar a un colectivo que sigue siendo un símbolo de dignidad y un ejemplo para muchas personas y movimientos sociales que luchan por la vivienda, la educación, el trabajo y otras muchas causas justas". Por eso, desde IU "hacemos un llamamiento a la ciudadanía a participar en las distintas movilizaciones que estos días se van a suceder en solidaridad con las vecinas de la Corrala Utopía, así como para reclamar su absolución y dejar claro que "luchar por el derecho a la vivienda no es delito".
El Juzgado de lo Penal número siete de Sevilla ha fijado para el 4 de septiembre dos juicios, al objeto de resolver las causas incoadas contra dos de las personas que habitaron sin título alguno las viviendas de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, propiedad de Ibercaja. Se trata de dos varones miembros del colectivo bautizado como Corrala Utopía, imputados y después procesados por un presunto delito de usurpación.
Ana Isabel Segado, la abogada que asiste a ambos, ha informado a Europa Press de que se trata de dos juicios señalados en ambos casos el 4 de septiembre, uno "a continuación" del otro. Maximiliano y Jesús, según detalla, se enfrentan a una petición de 720 euros de multa por un presunto delito de usurpación por parte de la Fiscalía, mientras Ibercaja se habría retirado del procedimiento, según la abogada.