El miércoles pasado, una treintena de vecinos aguardaba su turno para ser atendido en el exterior del centro de salud del Barrio Bajo de Arcos. Con solo dos profesionales a su disposición, el enfado entre los que hacían cola era ostensible. “Los profesionales sanitarios están saturados”, lamenta José Toro, delegado de UGT en el Centro de Salud de Olvera, quien se muestra preocupado por la asunción de nuevas responsabilidades por parte de los enfermeros desde septiembre, en referencia a las consultas de acogida.

En estas, según el Servicio Andaluz de Salud (SAS), “realizan una primera valoración de las personas que acuden de forma presencial al centro con una demanda clínica no demorable sin que se trate de una urgencia vital o muy grave”. En la práctica, tal y como ha denunciado recientemente el Consejo Andaluz de Colegios Médicos (CACM), los protocolos establecidos “recogen actuaciones para los enfermeros que se corresponden con acciones diagnósticas y finalistas que son competencias exclusivas” de los facultativos.

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, la entidad advierte de que estas acciones, “además de promover actos de intrusismo, pueden limitar el derecho del paciente a ser atendido por un médico”.

El CACM plantea en su lugar el establecimiento de un sistema de priorización para mejorar la accesibilidad al sistema sanitario, “una priorización a nivel clínico”, para la que los enfermeros están capacitados, pero recuerdan que es preciso sacar más plazas de Médicos Internos Residentes en Atención Primaria.

La clave está ahí, en las plantillas, apunta Toro. El 31 de octubre, se producirán 8.000 despidos entre el personal de refuerzo por Covid-19. De esos, el 55% son enfermeros, técnicos de cuidados en enfermería, fisioterpaeutas y enfermeros especialistas, empleados en la Atención Primaria.

El Gobierno andaluz, no obstante, también va camino de “desmantelar la atención hospitalaria”, tal y como alertó Antonio Macías, secretario del Sector de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de FeSP UGT Andalucía, este  jueves, en la primera ronda de manifestaciones para exigir más profesionales.

Asimismo, Toro remarca la necesidad imperiosa de actualizar los listados de la bolsa, sin revisar desde 2019, con más de 70 categorías, porque entre una cosa y otra, la Administración autonómica está fomentando la fuga de batas blancas. O no pueden acceder a los puestos de trabajo ofertados o se ofrecen unas condiciones pésimas, con seis meses para médicos y un año para los profesionales que quieran irse a centros en los que existen problemas para su cobertura y que les obligan a irse lejos de sus domicilios actuales (en otras comunidades les dan hasta dos años).

Ante esta coyuntura, la Marea Blanca Gaditana volvió el sábado a la calle en la capital alertando que “la sanidad pública de Andalucía está en quiebra”. El coordinador del movimiento, Antonio Vergara, aseguró que se ha bloqueado la Atención Primaria, con una sobrecarga de trabajo insoportable e imposición de agendas de consulta telefónica para la atención a usuarios a 10 o 20 días, y listas de espera para consultas de especialistas, exploraciones complementarias y cirugías desbordadas. “En vez de gastarse en reforzar los recursos de la sanidad pública, se está derivando al sector privado”, añadió.

La plataforma planteó en su manifiesto tres medidas urgentes a la Junta. En primer lugar, la consulta clínica presencial en Atención Primaria en 72 horas y con 10 minutos por paciente, con 4.000 nuevos contratos estables de personal facultativos de enfermería y auxiliar. También exigió la disminución radical de las listas de espera, abriendo los centros de especialidades y 20 hospitales públicos andaludce en horarios de tarde con 4.000 plazas de personal nuevo. Y finalmente, la Marea Blanca Gaditana demandó la puesta en marcha de auditorías sociales que investiguen la calidad asistencial real de los centros de medicina privada concertados por el Gobierno regional.