La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia e las Islas Baleares (TSJIB) ha condenado a cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta durante ocho años al ex conseller del Territorio del Consell de Mallorca y diputado autonómico Bartomeu Vicens por malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa.

Vicens ocupa actualmente, como independiente, un escaño del grupo mixto del Parlament balear tras haber sido suspendido de militancia en Unió Mallorquina (UM) por su presunta implicación en varios casos de corrupción.

La sentencia del TSJIB hace referencia al caso del supuesto pago desde el Consell de Mallorca de 12.020 euros de un informe plagiado de Internet sobre el valor del suelo en la isla y que presumiblemente se utilizó después para un supuesto pelotazo urbanístico en el polígono industrial palmesano de Son Oms.

La decisión judicial, hecha pública ayer, también condena al ex director insular Damià Nicolau a dos años y tres meses de prisión e inhabilitación absoluta por un plazo de cuatro años por considerarlo cómplice de malversación de caudales públicos y de prevaricación administrativa por encargar el polémico informe y respaldarlo.

Asimismo, el autor de dicho trabajo, Tomás Martín –amigo de Vicens, a quien le prestaba gratuitamente servicios de contable–, ha sido condenado a una pena de nueve meses de prisión que se sustituye por la de 18 meses de multa con una cuota diaria de ocho euros y a la inhabilitación absoluta por un año y medio. Los acusados deberán hacerse cargo también de las costas procesales.

El TSJIB considera probado que Vicens encomendó un estudio “de nulo valor para la Administración” a Martín, pagado con fondos públicos, “deseoso” de agradecerle los servicios que le prestaba como contable y aprovechando su condición de conseller insular de Territorio de Mallorca.

El Tribunal reconoce asimismo que Martín se mostró “reticente” al principio a la hora de aceptar el encargo, pero que Vicens le dijo que no se preocupara, que podría hacerlo consultado simplemente unas direcciones de Internet que se le facilitaron.

La sentencia admite que el que entonces era director insular de Ordenación del Territorio, Damià Nicolau, aún consciente de que el informe era innecesario, aceptó intervenir en el expediente de contratación menor y que se abonaron a Martín 10.465,90 euros por el “Estudio sobre el valor del suelo en la isla de Mallorca”.