Los grupos de presión y diputados británicos que hacen campaña en favor de un segundo referéndum sobre el "brexit" confían en que su propuesta sumará nuevos apoyos cuando se hayan agotado otras opciones para tratar de evitar una salida no negociada de la Unión Europea (UE).

El principal movimiento que pide un plebiscito, denominado "People's Vote" ("Voto popular"), ha renunciado por ahora a presentar una enmienda en el Parlamento que pueda forzar al Gobierno a convocar una nueva consulta ante la falta de una mayoría de diputados que respalde esa vía.

Con todo, parlamentarios laboristas como Chuka Umunna y conservadores como Sarah Wollaston mantienen que una segunda votación es la mejor solución para romper el bloqueo en el que se encuentra el proceso de salida del bloque comunitario.

"Sabemos que (un referéndum) es la segunda opción para mucha gente, no la primera. Eso significa que solo vendrán cuando otras alternativas se hayan agotado", señalo al diario The Guardian la diputada del Partido Verde Caroline Lucas.

"Nos estamos acercando al momento en el que aquello que estará sobre la mesa es una salida sin acuerdo o bien un voto popular, y es entonces cuando creo que veremos a mucha más gente uniéndose" a la campaña por un referéndum, agregó la parlamentaria.

El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, se ha mostrado contrario a "celebrar otra vez el referéndum de 2016", en el que ganó el "brexit" con el 51,9 % de los votos.

Su negativa a respaldar oficialmente una consulta sobre la permanencia en la Unión Europea llevó a los responsables de la campaña "People's vote" a descartar presentar una enmienda parlamentaria en ese sentido: "En este momento no saldrían los números", esgrimió Wollaston, quien ha mostrado oficialmente su apoyo a la campaña y hace discursos en las manifestaciones.

Corbyn ha propuesto, en cambio, convocar un plebiscito en el que los británicos puedan pronunciarse sobre un acuerdo del "brexit" que haya recibido el respaldo del Parlamento, aunque sin la opción de que el Reino Unido continúe en la UE.

Los diputados británicos tendrán previsiblemente la oportunidad de volver a posicionarse sobre los siguientes pasos a seguir a mitad de febrero, cuando la primera ministra, la conservadora Theresa May, tiene intención de volver a comparecer en la Cámara de los Comunes para detallar sus planes.

La jefa de Gobierno continúa tratando de convencer a Bruselas para reabrir el acuerdo del "brexit" al que se llegó en noviembre a fin de eliminar la cláusula de salvaguarda para evitar una frontera en Irlanda del Norte, un mecanismo que rechazan los conservadores más euroescépticos.

El descontento con ese mecanismo llevó a una amplia mayoría del Parlamento británico a tumbar el pacto que había puesto May sobre la mesa el pasado 15 de enero.

El Gobierno británico ha sugerido esta semana que no descarta que el pulso con Bruselas pueda mantenerse hasta pocos días antes de la fecha límite para ratificar un tratado, el 29 de marzo, cuando el Reino Unido materializará la ruptura con el bloque comunitario.

El Ejecutivo ha avanzado que si se aprobara un acuerdo poco antes de es fecha sería inevitable pedir un aplazamiento de la ruptura para tener tiempo a aprobar diversas legislaciones secundarias.

El diputado conservador Jacob Rees-Mogg, uno de los líderes de la facción más euroescéptica del partido de la primera ministra, aseguró que le parecería aceptable un retraso para cerrar los flecos legales del "brexit", pero no para continuar con "negociaciones vacuas".

"Si el acuerdo estuviera hecho pero se necesitara un poco más de tiempo parlamentario, una corta extensión no sería imposible", afirmó el parlamentario "tory".

Al mismo tiempo, en los últimos días han continuado apareciendo alertas desde diversos ámbitos sobre las consecuencias que tendría para el Reino Unido una ruptura no negociada el próximo 29 de marzo.

Los principales supermercados y cadenas de comida rápida como KFC y McDonads han alertado de que un "brexit" abrupto causaría escasez de alimentos y un aumento de los precios.

En un documento interno del Ministerio de Transporte filtrado por el diario The Times se advierte además de que el Gobierno podría afrontar "impactos no anticipados" que aparecerían tras la ruptura y avanza que las prioridades del Ejecutivo en ese caso serían "la asistencia social, la sanidad, el transporte y la seguridad".