Las asociaciones de familiares de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo han expresado a Efe su decepción por la falta de atención a sus reivindicaciones cuando se cumple el aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica el 27 de diciembre.

El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, ha opinado que esta ley “no ha servido para nada” porque “no ha ayudado a ningún familiar a encontrar a ningún desaparecido”. 

Silva ha criticado la propuesta del Gobierno para el protocolo de exhumaciones al considerar “injusto” desde el punto de vista de los derechos humanos que se delegue la autorización para buscar a los desaparecidos en las comunidades autónomas.

 Ha mostrado su confianza en que el Gobierno corrija el borrador y agilice los trámites para que muchas personas mayores puedan recuperar los cuerpos de sus familiares, lo que reviste suma urgencia porque ya han esperado muchos años y cada día que pasa prolonga su tortura y angustia. 

También ha estimado que el certificado de víctima que otorga el Ministerio de Justicia “no despierta ningún interés en los afectados porque no se trata de un acto público de reconocimiento para resarcir el daño que se ha hecho a estas personas, sino que es un documento privado que no va acompañado de unas prestaciones por parte del Estado”.

Todavía está pendiente “una reparación digna” de las víctimas, según el portavoz de la ARMH, quien ha mostrado su deseo de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, exprese públicamente su respaldo a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.

Por su parte, la secretaria de la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo, Paqui Maqueda, señaló que “no se ha adelantado nada” con la Ley de Memoria Histórica porque “no satisfacen las dos reivindicaciones fundamentales del movimiento memorialista: la anulación de los juicios y las exhumaciones de las fosas comunes”.

Entre los aspectos positivos, ha destacado la concesión de un certificado para reconocer la contribución de las víctimas a la lucha por la democracia, así como el otorgamiento de la nacionalidad a los descendientes de exiliados y a los Brigadistas Internacionales.