La parte del sumario del caso Gürtel instruida por el magistrado Antonio Pedreira en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirma los indicios contra el senador del PP Luis Bárcenas y contra otros cargos de este partido por su vinculación con la trama dirigida por Francisco Correa.

Los documentos que obran en la causa apuntan también a la participación de miembros del PP –entre ellos el propio Bárcenas– en las estructuras con las que la red ocultaba fondos en paraísos fiscales, hablan de “financiación irregular” de actos del partido en la Comunidad Valenciana y revelan la entrega de costosos regalos a políticos de la formación en esa región por parte de la trama.

Así se desprende de las distintas resoluciones dictadas por Pedreira y de los informes de la Fiscalía Anticorrupción y de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que figuran en la parte del causa sobre la que ayer se ha levantado el secreto, a la que ha tenido acceso Efe.

Uno de los miembros del PP directamente señalados por las investigaciones es el senador por Cantabria y ex tesorero del partido Luis Bárcenas, a quien la Policía identifica sin género de dudas como la persona que, bajo referencias como LB, L.Barc o Luis el Cabrón, recibió en total 1,3 millones de euros de la organización de Correa.

“No puedo pensar que es otra persona”, dice en su declaración judicial el jefe de la sección segunda de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF, mientras que otro agente insiste en que “no hay otra opción, hasta ahora mismo, que considerar que las siglas esas corresponden efectivamente a Luis Bárcenas”.

El ex tesorero del PP y su mujer, Rosalía Iglesias, también imputada en la causa, invirtieron más de un millón de euros en bienes patrimoniales entre los años 2006 y 2008, según un informe policial fechado el 8 de mayo de 2009, que señala que el matrimonio realizó esas adquisiciones “sin recurrir a financiación externa, por tanto empleando recursos propios”.

El abogado de Bárcenas, Miguel Bajo, ha asegurado en un comunicado que de la parte del sumario conocida hoy no se desprende “aspecto novedoso alguno” respecto de su cliente y que los tribunales dictaminarán “la inexistencia de comportamiento punible”.

El nombre del senador también aparece en un informe de la Agencia Tributaria (AEAT) que apunta indicios de la participación de algunos cargos del PP en las estructuras con las que la red ocultaba fondos en paraísos fiscales.

El escrito, fechado el 30 de julio de 2009, analiza la contabilidad opaca de la trama de corrupción y dice que Bárcenas “podría haber utilizado” la empresa Rustfield Trading Limited y que el ex eurodiputado Gerardo Galeote “se benefició” de la estructura de Awberry License.

La AEAT dice que también “algunas de las personas con responsabilidades políticas en la Comunidad de Madrid podrían haber utilizado también estructuras off-shore” y cita entre ellos a los ex alcaldes de Boadilla del Monte y de Majadahonda, Arturo González Panero y Guillermo Ortega.

El sumario también incluye un informe policial que habla de “financiación irregular” de actos del PP valenciano con dinero de empresarios a los que se adjudicaban contratos “como contraprestación a los favores realizados para la formación política” y que señala como “canalizador” de esos fondos al ex secretario general del partido en esa comunidad, Ricardo Costa.

El PP valenciano, según ese informe, pagaba en negro parte de su deuda con la trama de Correa –representada por la sociedad Orange Market– “con aportaciones directas de empresarios de la Comunidad Valenciana”, entre los que se cita a responsables de Facsa, Enrique Ortiz e Hijos, PIAF, Sedesa y Lubasa.

Además, numerosos políticos de esa región recibieron de Orange Market regalos de Navidad como un reloj de 2.400 euros para la ex consejera de Turismo Milagrosa Martínez, un bolso de 815 euros para la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; más relojes para el vicepresidente del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, y para Ricardo Costa, así como mantas, corbatas y puros para otros cargos.

Las actividades de la trama se extienden también a Galicia, donde el considerado “número dos” de la misma, Pablo Crespo, fue en los años noventa secretario de organización del PP, que en esa etapa pagó “en negro” más de la mitad de los actos que celebró entre 1996 y 1999.