Les ofrecían precios irresistibles para hacerse con las viviendas que tenían en multipropiedad. Y para conseguirlo, les obligaban a pagar gastos de gestión. Que oscilaban de 300 hasta 50 mil euros. Pero la venta nunca se cerraba. Más tarde incluso se hacían pasar por abogados que les ayudarían a denunciar la estafa, e incluso, simulaban ser del juzgado y les pedían tasas tras un supuesto éxito del juicio para recuperar su dinero. Es el modus operandi de la organización que la Policía Nacional ha desarticulado en Málaga. 60 detenidos y, de momento, más de 500 víctimas.

Hacían uso de once empresas pantalla y estaban perfectamente organizados. Desde los teleoperadores, que contactaban con las víctimas, pasando por los testaferros,  o controladores, hasta los cabecillas, también de origen británico, que se habían asentado en la Costa del Sol.

Durante la investigación se ha incautado o bloqueado efectivo y propiedades por un valor cercano al millón de euros, según ha explicado este martes el subdelegado del Gobierno en Málaga, Jorge Hernández Mollar.