Los sindicatos CCOO y UGT han mostrado su rechazo a la "criminalización del derecho de huelga", después de que el Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga haya ordenado la apertura de juicio oral contra los secretarios generales de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO en Andalucía y Málaga, Gonzalo Fuentes y Lola Villalba, respectivamente, por su participación en la huelga general del 14 de noviembre de 2012, así como para otro sindicalista.
En una movilización ante la puerta de la Subdelegación del Gobierno en Málaga, los líderes de CCOO y UGT en Málaga, Antonio Herrera y Auxiliadora Jiménez, respectivamente, han apoyado a Fuentes y Villalba, "a los que se acusa de un delito de atentado al derecho de los trabajadores", mientras que al otro compañero del sindicato se le acusa de un delito de lesiones por participar en el piquete.
"La petición del ministerio fiscal no puede ser más brutal y amenazante: pide tres años y medio de cárcel para cada uno de los sindicalistas", han lamentado a los periodistas. Al otro compañero, además, "se le suma otra pena de 18 meses por atentado y otra más de un año por lesiones".
En el transcurso del acto se le ha trasladado al subdelegado de Gobierno en Málaga, Jorge Hernández Mollar, un manifiesto que también ha sido entregado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, apelando al derecho de huelga y libertad sindical, "ante la oleada de sanciones y procesamientos, con peticiones de penas de prisión que van desde los dos a los ocho años de cárcel por participar en las huelgas convocadas contra las políticas antisociales del Gobierno".
Debido a lo que consideran una "creciente criminalización de la protesta social", ambas centrales sindicales han iniciado una campaña de información y movilización "contra las actuaciones autoritarias y antidemocráticas de los poderes públicos que, a través del ministerio fiscal, están acentuando la persecución a sindicalistas por ejercer el derecho constitucional de huelga, en un intento de ahogar la protesta de los trabajadores".
Ya el pasado 1 de julio se participó en un acto en Madrid por este motivo, al que se une el de este lunes y el que se llevará a cabo el próximo miércoles a las 12.00 horas ante la sede del Partido Popular (PP) en Málaga capital.
A juicio de CCOO, "la acusación, que acarrea la imputación de delitos para los que se piden hasta ocho años de cárcel para representantes sindicales, es una injerencia de los poderes públicos en el funcionamiento de las organizaciones sindicales y una restricción ilegítima de derechos democráticos y, de manera singular, del derecho de huelga".
Por su parte, desde UGT, su secretaria general en Málaga ha criticado que al PP "no le basta con un mercado laboral sin derechos laborales y sin protección social, sino que además pretende culminar el trabajo que están haciendo del desmantelamiento de nuestro sistema social y de relaciones laborales atacando a los derechos de libertad de expresión, manifestación y el derecho a la huelga".
"No hablamos de extralimitaciones en el desarrollo del derecho, sino que en un Estado Democrático y de Derecho es fundamental cumplir el principio del proporcionalidad, y desde luego pedir penas de cárcel o multas abusivas no es cumplir con este principio sino que en la práctica supone criminalizar la actividad sindical", ha considerado.
