Desde enero de 2017, la magistrada Lourdes García Ortiz está al frente de la presidencia de la Audiencia Provincial de Málaga y, como sucede con cerca de otros 80 cargos judiciales de toda España, su plaza está pendiente de una renovación que ha sido aplazada por el bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Su "ánimo" es volver a concursar a este puesto. Nacida en Sevilla, pero vinculada familiarmente a Palma de Mallorca, donde estudió y se licenció en Derecho en 1982, García Ortiz ingresó en la carrera judicial en 1986. Ha tenido como destinos Gavá (1986), Posadas (1987), Motril (1989) y Málaga capital (1991), y en la entrevista analiza la compleja situación de los tribunales malagueños, "sobrepasados" de carga de trabajo, los efectos de los conflictos laborales, y las continuas reformas procesales.    -Usted estuvo ocho años en el Juzgado de Instrucción 1 de Málaga hasta 1999. ¿Cómo recuerda ese periodo y qué diferencias observa?  -Desde que en 1991 me vine de Granada como magistrada he estado vinculada a la jurisdicción de lo Penal, que es la que más me gusta. De hecho, y pese a estar en la presidencia de la Audiencia, sigo deliberando en la Sección Segunda puesto que solo estoy relevada de un 25% de las funciones. En aquellos primeros años me tocó la instrucción del 'caso Cañuelo', un asunto de corrupción, y muchos de salud pública y organizaciones de narcotráfico. Entonces no se investigaba como ahora, que se ha mejorado muchísimo cruzando las investigaciones del tráfico de sustancias con las del blanqueo de capitales. También hay diferencias en los asuntos de maltrato a las mujeres. Recuerdo que en esos años empezaban a llegar a las guardias madres golpeadas, con sus niños en pijama porque el marido les había echado de la casa, y no disponíamos de una ley completa que autorizase una orden de alejamiento del agresor. Los artículos de Enjuiciamiento Criminal eran muy genéricos respecto a la prevención y, con estos casos, tanto los fiscales como los jueces ya constatamos a diario la necesidad de una modificación legal. Afortunadamente se hizo y se ha mejorado respecto a estas situaciones de protección para las mujeres, para tratar de evitar que se vuelva a cometer el delito.    -Lleva un mandato prorrogado como presidenta. ¿Tiene intención de presentarse de nuevo? -Me nombraron a inicios de 2017 y a los cinco años, en 2022, terminó mi periodo, pero como está bloqueada la renovación del Consejo del Poder Judicial, sacaron un decreto en 2021 por el que se paralizaron todos los nombramientos discrecionales y se prorrogaron los vigentes hasta una nueva convocatoria. Mi intención es volver a optar a la presidencia cuando se resuelva esta situación.     -Entonces se presentaron cuatro candidatos y hubo polémica... -Así es. Yo pertenezco a Jueces para la Democracia, y la Asociación Profesional de la Magistratura lo recurrió basándose en que yo y mi marido, que preside la Audiencia de Granada y es miembro también de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, no podríamos compatibilizar el cargo alegando motivos de parentesco. Pero el Tribunal Supremo ya lo dejó claro, que no era una causa de inelegibilidad, y que lo que importaban eran las funciones que como presidenta de la Audiencia de Málaga iba a desempeñar aquí. Esta circunstancia, de vínculos familiares, ocurre en otros juzgados y tribunales malagueños y españoles, y se resuelve con la abstención de los afectados, si les llegan aquellos casos que se han instruido o tuviesen que resolver por uno de los órganos en el que esté el otro miembro de la pareja. Para ello también sirve el traslado del procedimiento a otra sección judicial, para que falle. En la Sala de Gobierno del TSJ de Granada se fijaron, además, unas pautas de trabajo y evitar determinadas circunstancias.      -Se ha cerrado la Memoria judicial del 2022, ¿cómo se encuentra la Justicia en Málaga? -Atravesamos una situación muy delicada porque se han suspendido más de 5.000 juicios, y paralizados muchos procedimientos, y máxime con motivo de las huelgas de letrados y funcionarios. Estábamos mal antes de la pandemia, logramos remontar algo en 2021 y 2022, pero este año ha sido mucho peor. Por los datos de asuntos de entrada que disponemos todas las jurisdicciones de la provincia están afectadas. En las tres secciones civiles de la Audiencia Provincial, las más afectadas tienen cerca de 6.000 asuntos por resolver. Entre ellos están la avalancha de reclamaciones por las cláusulas suelo y abusivas en contratos hipotecarios. Aquí se está tardando más de un año en dar respuesta. En las secciones de lo Penal, que incluyen no solo las apelaciones de juzgados de Instrucción de toda la provincia, los autos, sentencias, la ejecución de las mismas, o también las cautelares con presos, alcanzamos unos 2.500 procedimientos pendientes. En esta última jurisdicción estamos tardando en resolver una media de entre 30 y 45 días. Hay que añadir que también celebramos juicios orales, y varias macro vistas al año con decenas de acusados y testigos. Podemos tener alrededor de 40 causas de este calibre que, como sucede ahora en el 'caso Astapa', se pueden prolongar año y medio de juicio. Asignados a la Audiencia estamos unos 41 magistrados fijos, más otros cuatro para refuerzos puntuales.   -Describe una situación preocupante para un servicio público fundamental... -Hay que decir que si la Administración de Justicia funciona es por el esfuerzo de todos los que estamos dentro. Hemos trabajado con mascarillas, pantallas de protección o teletrabajo para reactivar todo tras el Covid. Cuando han venido las inspecciones del Consejo del Poder Judicial han constatado que ciertos órganos sacaban un número de asuntos por encima de los módulos mínimos que se fijan. Pero las recientes huelgas nos han conducido a un mal estado, con estadísticas peores a 2019 que habrá que resolver cuanto antes. Por supuesto ello no significa cuestionar el derecho a la huelga que tienen también los empleados públicos. Y no hay que olvidar, además, que tras la pandemia hemos tenido una crisis económica con expedientes de Ertes, despidos y concursos en el ámbito mercantil que han llegado a mayores a los juzgados.        -¿Qué carencias observa en los juzgados de la provincia?  -Ya hemos recogido en la Memoria desde hace tiempo que hay necesidad de juzgados nuevos en Torremolinos, Fuengirola, Torrox, Estepona y Vélez, donde faltan de Primera Instancia y Mixtos. En el caso de Marbella, las necesidades son más de personal y del Servicio de Notificaciones. Por otro lado, se produce un trasiego en los destinos de jueces, y sería conveniente elevar la categoría a magistrado de algunos juzgados para facilitar la permanencia en el puesto de compañeros en localidades como Estepona, ya que no tienen otra opción que irse para promocionar. Los órganos de la Costa del Sol tienen mucha complicación en el trabajo por el narcotráfico, la cercanía del Campo de Gibraltar y el gran número de residentes extranjeros, que muchas veces es difícil de localizar con el tiempo que genera.    -En la Costa del Sol hay 18 sedes judiciales dispersas y alojadas en oficinas de alquiler con el gasto que ello comporta. ¿Sería conveniente un edificio centralizado similar a la Ciudad de la Justicia de Teatinos?  -Estábamos pendientes de la aprobación de la Ley de Eficiencia Organizativa, que se paralizó en junio por la convocatoria de las elecciones. En la misma se planeaba otro tipo de funcionamiento de los juzgados y queríamos ver cómo quedaba. Pero con la organización actual lo que sí es imprescindible, y así lo hemos pedido a la Junta de Andalucía, es la creación de una única sede funcional en Marbella, para los 13 juzgados civiles, penales y de Violencia de Género, y otra más en Estepona, para los 6 órganos que están repartidos en tres sedes. Esto para empezar a hablar en estos dos partidos judiciales. No se puede trabajar en Marbella, por ejemplo, en pisitos del año catapum, con unas instalaciones penosas y el coste de alquileres que supone. Los juzgados con mayor carga de la costa necesitan con urgencia unas sedes edificadas en condiciones. La gestión de los edificios y medios materiales está transferida a la comunidad autónoma, llevan trabajando tiempo en ello pero va al ritmo que va... Hay parcelas, proyectos en algún caso, pero cada uno viene marcado por los cambios de equipos políticos. Solo se ha arreglado el Registro Civil de Torremolinos, pero sigue disperso.

 

  -La Junta de Andalucía debe más de 19 millones de euros a 6.500 funcionarios por dos pagas extras de 2013 y 2014, retenidas por la crisis de 2012. Los sindicatos hablan de 'clasismo' por la actuación del Ministerio. ¿Contribuye ello a mejorar el clima laboral? -Lo que sí hemos notado los jueces es que las huelgas de los letrados judiciales y funcionarios han generado un malestar interno. Éstos últimos están descontentos porque entienden que el Ministerio no ha resuelto sus expectativas salariales. Y siguen sin resolverse. No podemos obviar que se han suspendido en estos meses más de 5.000 juicios en Málaga, y ahora vendrá otro equipo ministerial y es muy probable que vuelvan los paros. No creo que haya clasismo en el Ministerio. Son realidades laborales diferentes y complejas, y confío que el futuro Ministerio de Justicia se reúna con los funcionarios para buscar una solución que evite este desasosiego.   -¿Qué responsabilidad tiene el equipo de la ministra Pilar Llop en toda esta situación? -Los grandes males de la Justicia no vienen de hace unos meses, vienen de atrás con mesas de retribuciones cerradas en falso que afectan a jueces, fiscales, letrados judiciales y funcionarios. Está claro que si se firma un acuerdo de subida se tiene que aplicar, y mantengo la esperanza que se vuelva a retomar tras el impás político actual. Pero tampoco olvidemos, que pese a que el servicio de la justicia está sobrecargado, venimos de una pandemia y estamos en una situación internacional compleja por la guerra de Ucrania. Desde luego hay que invertir más en la Justicia.   -Los antiguos secretarios, hoy LAJ, justificaron la huelga porque dicen haber asumido desde la reforma de 2009 funciones que antes realizaban ustedes, los jueces. ¿Coincide con esta afirmación? -Los letrados judiciales son expertos juristas procesales a los que se les ha dado más funciones en materia civil. Pero por ejemplo, en penal ahora prácticamente no entran en sala para supervisar los juicios puesto que se graban. Es decir, ha cambiado el reparto de cometidos. Pienso que cada uno de los cuerpos de Justicia tenemos una función distinta y somos complementarios. La de los jueces es la jurisdiccional, y la de los secretarios de técnica procesal con una preparación muy alta. Además ostentan la jefatura de las oficinas judiciales organizando el trabajo dentro. Creo que están realizando unas reclamaciones salariales legítimas, conforme a lo que ellos consideran que es su trabajo. También los funcionarios se quejan de que hacen más tareas que las que les corresponderían. Está claro que cada órgano unipersonal o colegiado es diferente y trabaja según cómo esté organizado el equipo. El reparto del trabajo depende, a veces, de la falta de funcionarios temporalmente. Llevo muchos años en la Administración de Justicia y si ésta ha avanzado ha sido por la buena predisposición de cada uno de los que estamos dentro. Si los equipos están bien avenidos y hay buena comunicación, los expedientes salen adelante porque estamos asumiendo todos más trabajo que el que nos corresponde, para así atender este servicio público. De lo contrario, son los ciudadanos los perjudicados porque no se les da una respuesta rápida.    -La Comisión de Ética del Poder Judicial ha dicho la semana pasada que "la asistencia de un juez a un mítin político provoca desconfianza en la Justicia" y en el funcionamiento de los órganos judiciales. ¿Qué le parece? -He de decirle que yo jamás he ido a un mítin político. Habrá que escuchar la opinión del resto de compañeros, pero, ¿por qué no va a poder ir un juez, como ciudadano normal, no ya a un mitin sino a una manifestación reivindicativa como por ejemplo el Día de la Mujer? Es evidente que como personas cada juez tiene su forma de pensar, de concebir un modelo de sociedad, y las inclinaciones electorales. Pero como jueces está claro que no tenemos que tener afiliación política.     -Hay un sector de la judicatura que cuestiona por supuesta 'privatización' que se transfieran en la futura LOEO funciones de mediación judicial a notarios, cámaras de comercio o despachos de abogados. ¿Qué le parece? -La mediación es una herramienta que deberíamos potenciar ya que permite la resolución de conflictos, y no solo como hasta ahora en el ámbito familiar sino también en determinados casos en el penal. La justicia restaurativa es un instrumento que puede servir en muchos procedimientos de lesiones entre personas que no estén relacionadas entre sí. Pero esa opción de la mediación debe partir del propio juzgado, y se debe trabajar en su regulación para que sea eficaz.      -¿La formación de los nuevos jueces es buena actualmente?  -Las nuevas generaciones tienen un sistema de oposiciones durísimo de acceso a la judicatura como nosotros lo tuvimos hace 30 años. Se exige un nivel de formación muy alto. Otra cosa es que planteemos otro sistema alternativo al de la oposición. La competencia es enorme por el número de vacantes que se sacan, un centenar en ocasiones, por lo que el nivel de preparación aumenta. Y no olvidemos que una vez que se aprueba está la Escuela Judicial, que ahora es más larga que cuando yo oposité a finales de los 80. De los cuatro meses que tuve, ahora están realizando un año entero en Barcelona, a los que luego se suman las tutorías en los juzgados donde también se aprende. Todo es mejorable en la formación con planes continuos, en los que a veces los jueces no pueden acudir puesto que tenemos una carga diaria de trabajo, que hay que recuperar cuando se regresa de los cursos.    -La Audiencia de Málaga ha presentado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia Europeo sobre las costas de los abogados que tienen que pagar los bancos por cláusulas abusivas. ¿Cómo está la cuestión? -Aunque el criterio de la Audiencia ya se ha dejado claro, las entidades financieras siguen recurriendo con una avalancha de demandas. La determinación de la cuantía de las costas es competencia de los letrados de Justicia, y en última instancia se pueden recurrir ante el juez de instancia o la Audiencia. Yo esperaría para ver que resuelve el Tribunal Constitucional.   -¿Cree que hay diferentes sensibilidades en los jueces a la hora de aplicar la reforma de la ley de Libertad Sexual, o ley de 'Solo sí es sí' del ministerio de Irene Montero? -Somos juristas y aplicamos criterios jurídicos. A todos los magistrados nos ha sabido mal tener que revisar las condenas ya firmes de cumplimiento de penas. Esta reforma ha conllevado una experiencia complicada de esta revisión, pero ello ha sucedido también con otras modificaciones habidas del Código Penal y no han tenido esta trascendencia. Si es más beneficiosa para el condenado, hay que revisar las penas en la fase de cumplimiento. Respecto a la 'sensibilidad judicial', en mi sección cada juez es de una asociación y ello no influye para que se aplique un criterio diferente, puesto que hay que ver jurídicamente cada caso y el marco punitivo de esta nueva reforma.    -¿Cómo se debería de haber resuelto? -Es cierto que si en el texto inicial de la ley se hubiera introducido una disposición transitoria, para especificar aquellos casos con condenas impuestas con anterioridad, se hubiera evitado todo este debate. Hubo informes que alertaban de ello y la transitoria habría disminuido el número de rebajas en las condenas. Ha sido una deficiencia legislativa que el Tribunal Supremo ha tratado de corregir con su criterio, y la corrección posterior de la ley en abril también. La norma era necesaria porque la sociedad española ha cambiado y existen conductas nuevas como sumisión química, la utilización de las nuevas tecnologías, o la difusión de imágenes sexuales de menores a través de internet, que hemos visto estos días, que eran preciso diferenciar penalmente en cada caso. Como también los ataques grupales a las mujeres, o la utilización de la inteligencia artificial que había que llevarlos al Código Penal.