Una liquidación en entredicho

El Pleno de hoy lunes del Ayuntamiento de Jaén va a conocer distintas daciones de cuenta del alcalde, Javier Márquez, aprobando la liquidación del Presupuesto municipal y de los organismos autónomos de 2015, que el equipo de gobierno estima que se cerró con un déficit de 48 millones de euros. La Ley obliga a los ayuntamientos a este ejercicio de transparencia en sus cuentas antes del 1 de junio del ejercicio inmediato. Sin embargo, según los expertos en Administración Local consultados por este periódico, en la liquidación que hoy presenta el gobierno municipal del PP se da una información parcial y sesgada, por cuanto tan solo se concreta una quinta parte de la información obligatoria para las corporaciones locales.
De este modo, la nueva Ley Reguladora de Haciendas Locales obliga a los ayuntamientos a informar sobre la totalidad de la Cuenta General, que está integrada no solo por la cuenta de la propia entidad y de sus organismos autónomos, sino también por las cuentas anuales de las sociedades mercantiles y sus entidades públicas empresariales. Y, según las mismas fuentes consultadas, la información de la que se ha de informar de cada organismo autónomo comprende el balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y el estado de liquidación del presupuesto.
Mientras tanto, el concejal de Hacienda, Manuel Bonilla (PP), confirmó el pasado viernes que la liquidación del ejercicio de 2015 se cierra con un déficit de 48 millones de euros, lo que evidencia, a su juicio, que el Consistorio “está en quiebra y si fuera una empresa ya estaría disuelta”.
Bonilla manifestó en rueda de prensa que la causa principal del aumento del déficit ha sido “la necesidad de reconocer en contabilidad gastos de las sentencias judiciales firmes, muchas de las cuales, son de hace más de 20 años”.
Los 48 millones de euros supone sobrepasar la media de 30 a 35 millones en los que se situaba el déficit medio de los últimos años. Este “sobrecoste” en el déficit, Bonilla lo atribuyó a los diez millones de euros que se corresponden a sentencias judiciales firmes así como al incremento de unos 4,3 millones de euros en gastos de personal. De estos 4,3 millones de euros, 2,3 se deben a sentencias judiciales firmes a favor de trabajadores del Ayuntamiento y organismos autónomos, mientras que los otros dos millones de euros se corresponden a pagos a la Seguridad Social provenientes del Plan Emplea2 y del Plan 30.
El concejal admitió que la deuda con proveedores asciende a 149 millones de euros. En lo que respecta a empresas concesionarias, la deuda ronda entre 24 y 25 millones de euros.