Los Servicios de Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía, en colaboración con los Servicios Marítimo y de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Policía Autonómica, han abierto en el ejercicio 2015 un total de 565 expedientes sancionadores por marisqueo ilegal en Huelva.

   La cifra supone un descenso considerable con respecto al curso anterior, más de un 26 por ciento, cuando se interpusieron hasta 765 denuncias, pero es muy superior a los 235 con los que se cerró el año 2013, han informado a Europa Press desde la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Huelva.

   El dato, según el delegado, Pedro Pascual Hernández, pone de relieve "un problema grave ante el que todos hemos de concienciarnos". Un punto en el que alude a "dos razones de peso", por un lado, la necesidad de preservar los recursos del litoral y una actividad profesional de la que dependen en torno a 600 familias en la provincia; y, por otro, el serio riesgo que entraña para la salud pública la ingesta de bivalvos ajenos a todo control sanitario.

   Pedro Pascual Hernández ha manifestado, en este sentido, que el descenso experimentado en el último año en comparación con el anterior no ha de servir, en ningún caso, como argumento para bajar la guardia, máxime cuando, como ha explicado, responde en gran medida al cierre continuado de la totalidad de las zonas de producción de moluscos del caladero onubense provocado durante todo el verano de 2014 por el registro de altas concentraciones de la biotoxina DSP, perjudicial para la salud humana.

   Esta circunstancia, que se alargó desde el 18 de julio hasta el 26 de septiembre, disparó el número al convertir en ilegal, "y más peligrosa aún en términos sanitarios", cualquier actividad marisquera. De ahí, que el delegado territorial no baje el tono de su llamamiento a la responsabilidad de la población, tanto para que evite la captura como para que eluda la compra de bivalvos --coquinas o chirlas--, que no alcanzan la talla mínima (inmaduros) y de productos sin etiquetar que no cumplan con la línea de trazabilidad.

   En esta línea, el delegado ha dirigido su mensaje a los aficionados y turistas, "a los que cada verano recordamos a través de campañas de concienciación en las playas de todo el litoral que el marisqueo es una actividad profesional acogida a un sistema legal de regulación y control sanitario, así como los peligros que entraña el consumo de pescados y mariscos que se salen de estos cauces".

   De igual modo, también ha hecho referencia a aquellas personas que, dentro del contexto de dificultad económica y de desesperación que sufren muchas familias a causa de la crisis y el desempleo, se lanzan al mar en busca de ingresos.

192 LICENCIAS

   "Somos especialmente sensibles ante esta última situación, pero no podemos perder de vista, además del riesgo sanitario, que tenemos que velar por la viabilidad de los caladeros, que no podemos someterlos a una presión excesiva que ponga en riesgo la supervivencia del recurso y su capacidad de regeneración", ha remarcado. Algo que ha sustentado en que "Huelva tiene hoy 192 licencias, justo la cantidad que permiten los estudios sobre el estado del caladero, ni una menos". Sobre la base de ellos, de hecho, ya se adjudicaron 50 permisos más en 2013.

   El responsable de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Huelva no ha dejado de insistir en la importancia del compromiso y la sensibilización de todos ante esta cuestión, desde las Administraciones y el sector hasta la ciudadanía, porque "nuestra voluntad es la de prevenir, más que castigar", una práctica sin licencia que conlleva sanciones de carácter "grave" que se elevan a "muy graves" cuando se desarrolla en una zona de producción cerrada por motivos sanitarios.

   Los importes oscilan entre los 301 y los 60.000 euros en el primer supuesto y entre los 60.001 y los 300.000 euros en el segundo. "Todos tenemos que poner de nuestra parte para impulsar un cambio de actitud imprescindible y dejar esta labor a los únicos que pueden realizarla legalmente, los mariscadores profesionales", puesto que, "no lo olvidemos, mientras haya quien compre marisco inmaduro y sin etiquetar, la vigilancia y la inspección, por duro que sea el montante de la multa, no será suficiente", ha aseverado el delegado territorial.

SITUACIÓN ACTUAL Y AYUDAS DE COMPENSACIÓN

   Pedro Pascual Hernández ha valorado también que, "afortunadamente", el año 2015, al igual que lo que va de 2016 y a diferencia de lo ocurrido en 2014, ha estado exento en todo momento del cierre total del caladero onubense.

   "Siempre ha permanecido alguna zona de producción de la coquina y de la chirla, así como del resto de especies, abierta" --a día de hoy, incluso, la mayoría de los once enclaves marisqueros en los que se divide el litoral de Huelva cuentan con luz verde para la captura y comercialización de bivalvos--, de modo que "la merma económica originada por la siempre impredecible aparición de biotoxinas, en especial de la más habitual, la DSP, ha sido mucho menor".

   No obstante, el delegado territorial ha puntualizado que el sector "no ha dejado de contar con el apoyo de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, mucho menos en aquellos instantes", cuando, como ha detallado, se aprobaron ayudas compensatorias con cargo al Fondo Europeo de la Pesca (FEP) por valor de 1.037.624,59 euros que beneficiaron a 155 mariscadores de la coquina (546.764,58 euros) y a 51 armadores y 98 tripulantes de la chirla (490.860,01 euros).

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